Hacía tiempo que un ministro no se veía tan desencajado en el Congreso, como Alberto Carrasquilla ayer, cuando la votación de la ley que acoge el plan de desarrollo de la administración Duque, tuvo que aplazarse por falta de quórum. Dado lo estricto del cronograma, es indispensable que la iniciativa sea votada en las próximas horas o, de lo contrario, el Gobierno se verá obligado a expedir un decreto.
“Es lamentable (...) tener que cerrar este capítulo con un punto final tan agrio como en el que estamos en este momento, es lamentable que no hayamos sido capaces de capitalizar todo el trabajo que se hizo”, afirmó el funcionario, mientras hacía un llamado para que hoy no se levante la sesión por igual motivo.
Quienes estuvieron presentes en el recinto son testigos de la táctica deliberada de un buen número de parlamentarios, de levantarse de sus pupitres. Algunos integrantes de la oposición señalaron que su ausencia se debió a una especie de protesta ante la falta de tiempo para estudiar el tema. A fin de cuentas, la ponencia con más de 128 artículos adicionales fue radicada el miércoles, lo cual exigiría digerirla en menos de 24 horas.
Más inquietante, sin embargo, es lo dicho por Carrasquilla con respecto a que el Ejecutivo “no va a ceder a chantajes”. En los pasillos del Capitolio corrió el rumor de que varios congresistas le pusieron un precio a su respaldo, consistente en presupuesto y cuotas.
Ambos elementos son inquietantes. Más allá de que el estudio del proyecto de ley haya comenzado hace varias semanas, las modificaciones frente a la versión original no son de orden menor. Desde múltiples ámbitos se han levantado voces de protestas ante la intención de cambiar, a través de un artículo o un inciso, las reglas de juego vigentes.
Por otra parte, es abominable el intento de revivir prácticas que la opinión detesta. Hay que resistir las presiones e insistir en que la votación tenga lugar y hablen las mayorías. Un partido tan importante como este, no se puede definir por sustracción de materia.