La escena de los últimos días en Ipiales, cuando miles de ciudadanos venezolanos se agolparon en cercanías del puente de Rumichaca con el fin de cruzar a Ecuador antes de que dicho país pusiera en vigencia el requisito de la visa, le dio un nuevo elemento a la crisis humanitaria más grande en la historia del hemisferio.
El motivo es que a medida que avanzan los meses, crecen las restricciones en contra de quienes huyen de la debacle creada por la Revolución Bolivariana.
De acuerdo con la cuenta más reciente, son ya siete las naciones que en la práctica buscan neutralizar el arribo de las personas provenientes de Venezuela. En más de una ocasión se trata de una talanquera abierta y en otros más velada, como la que demanda la presentación del pasaporte a sabiendas de que las libretas vinotinto dejaron de expedirse.
Semejante actitud crea varios problemas. Para comenzar, arriesga con convertir a Colombia en el punto de arribo por excelencia, sin que haya manera de aliviar la presión con la salida de parte de esa diáspora a geografías diferentes.
De acuerdo con las estadísticas más recientes, hay 1,4 millones de venezolanos en el territorio, sin contar con los más de 300.000 colombianos que habrían retornado del país vecino en busca de trabajo.
Esa cuenta puede crecer rápidamente, sobre todo porque ya no opera la válvula de escape en Ecuador o Perú, que alegan que su capacidad de absorción está copada. Todavía se puede ir más al sur, pero quien solo cuenta con la posibilidad de hacerlo por tierra, sencillamente no puede hacerlo.
El riesgo es que la ilegalidad tome el control. Es correcta la advertencia del director de Migración Colombia al señalar que las mafias dedicadas a la trata de personas intentarán pescar en río revuelto.
Tan solo en el área cercana a Ipiales las autoridades detectaron 26 pasos ilegales y por más fuerza pública que se destine, toda frontera es porosa. Debido a ello, cerrar la puerta no es la respuesta, sobre todo cuando hay tantas rendijas abiertas.