Hacía años que los defensores de las buenas reglas de juego en la administración pública, venían insistiendo en este camino. Por eso, este lunes no faltaron las voces de júbilo, cuando el presidente Iván Duque firmó el decreto que establece la obligatoriedad de pliegos tipo en las licitaciones relacionadas con los ramos de la infraestructura y el transporte.
De lo que se trata es de ponerle tatequieto a una práctica considerada como una de las principales fuentes de corrupción, que comprueba el abominable maridaje entre los negocios y la política. Decenas de casos ilustran cómo un gobernante acaba dirigiendo los dineros públicos en un sentido determinado, así sobre el papel todo se vea en orden.
En ocasiones, un concurso viene con tantas exigencias que es necesario declararlo desierto, con lo cual se abre la vía de la contratación directa mediante la cual se escogen los proveedores a dedo. En otras, se redactan los conocidos pliegos “sastre”, hechos a la medida de una sola firma, que es la única capaz de cumplir con requisitos que descalifican a todas las demás interesadas.
A decir verdad, el mecanismo de contar con lineamientos homogéneos ya venía operando en las grandes obras nacionales. El problema principal se da en el ámbito regional y local, en donde gobernadores y alcaldes hacen uso –y en más de una ocasión abusan– de su margen de maniobra.
Debido a ello, no resultó fácil que el Congreso aceptara la adopción de un marco general que opere para todos los que se quieran postular a contratar con el Estado. Sin embargo, pudo más la presión ciudadana y la insistencia de los medios, que los intereses velados de más de un parlamentario.
Dicho lo anterior, es obligatorio mantener la guardia arriba. Aquel dicho popular según el cual ‘creada la norma, creada la trampa’, mantiene su vigencia en Colombia. Por tal motivo, las autoridades, y en particular los entes de control, deben estar muy atentos para que las viejas prácticas desaparezcan.
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