Otra votación clave

El futuro de la minería en Colombia pasa por Ibagué, el próximo 2 de octubre. Ese domingo los habitantes de la capital del Tolima están convocados a una consulta popular sobre si están de acuerdo con la ejecución de proyectos mineros en su territorio. El mecanismo de participación ciudadana, promovido por el alcalde de la ciudad Guillermo Alfonso Jaramillo, no tiene antecedentes por su escala y puede llegar a transformar el desarrollo de la actividad en el país.

La convocatoria está dirigida, en particular, a una empresa: AngloGold Ashanti. La minera, de origen surafricano, desarrolla varias iniciativas auríferas en Colombia, entre ellas, la de ‘La Colosa’ en el municipio tolimense de Cajamarca, que se encuentra en etapa de prefactibilidad. La presencia de la firma ha sido cuestionada por varios frentes sociales y políticos. De hecho, en julio del 2013, los habitantes de la población de Piedras votaron en contra de la presencia de la multinacional.

La posibilidad de que hace tres años los municipios pudieran vetar al sector extractivo en sus jurisdicciones era considerada un imposible jurídico, ya que estaba vigente la tesis de que el Estado es el dueño de los recursos del subsuelo. No obstante, el panorama cambió drásticamente desde entonces. Una serie de fallos judiciales del más alto nivel apoyó la idea de que las comunidades cercanas a las explotaciones tengan mayor autonomía en su definición por los altos impactos sociales que generan. El cambio de doctrina contribuyó a darle cierto manto de legitimidad al ejercicio de Ibagué.

Sin embargo, el texto de la consulta, que cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley, ha sido criticado por los representantes del sector, debido a su sesgo. El texto de la pregunta habla por sí solo: “¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria del municipio?”.

En el interrogante está el quid del asunto. La minería a la que se refiere la pregunta no es precisamente la explotación vigilada, moderna y regulada de las empresas formales y legales, sino más bien la generada por la actividad ilegal e informal.

Como el ejemplo cunde, la convocatoria de la consulta popular ha despertado pretensiones similares en otros puntos de la geografía nacional. En el vecino municipio de Cajamarca, en donde está ubicado el rico yacimiento, se está debatiendo un ejercicio participativo similar. En el pueblo antioqueño de Concordia se ha anunciado consulta, así como en Gachantivá (Boyacá). Salento, en Quindío, también estaría en la lista, al igual que áreas de exploración petrolera del Meta.

En lo que no se ponen de acuerdo los expertos es en las consecuencias de un voto mayoritario en favor del ‘no’. Al fin y al cabo, existen otros marcos legales vigentes que regulan y protegen las actividades exploratorias y de explotación de recursos del subsuelo en todo el país.

Pero el golpe a la reputación y expectativas del renglón extractivo sería, sin lugar a dudas, muy severo, y se reflejaría en los flujos de inversión y en la disposición de las empresas a la hora de invertir en proyectos riesgosos, de altísimo costo y retorno incierto. En las actuales circunstancias, de bajos precios internacionales, el ánimo de traer dinero al país se podría ver disminuido.

Debido a ello, el desarrollo de la minería formal de gran escala y elevados estándares de manejo sigue en veremos en el país. La incertidumbre jurídica, generada por una veintena de fallos adversos de altos tribunales, en los últimos años, no para de crecer. A esos cambios constantes en las reglas de juego se suma la lentitud en los procesos de licenciamiento, y en las definiciones a cargo de la institucionalidad minera y ambiental. Por tal razón, de la cacareada ‘locomotora’ de la primera administración Santos, queda poco para mostrar.

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto