Es imposible saber hacia dónde se inclinará la Corte Constitucional, tras la audiencia en la que escuchó este jueves a partidarios y enemigos de reanudar la fumigación con glifosato en el territorio nacional. Sea cual sea la decisión que adopte el alto tribunal, es posible afirmar que la determinación final tendrá una base más sólida a la hora de justificar un veredicto, pues la calidad de los argumentos expuestos por unos y otros fue elevada.
De un lado, están las inquietudes en torno a la salud de las personas, a pesar de que la evidencia científica es contradictoria. No obstante, las dudas con respecto a la validez de la aspersión aérea se mantienen, ante lo cual suena justificable seguir la línea de la prudencia.
Por otra parte, vale la pena escuchar los cuestionamientos con respecto al uso del herbicida y la reducción en el área sembrada de los cultivos de coca. Las estadísticas disponibles sugieren que la correlación entre el uso del compuesto y la superficie cultivada es menos directa de lo que se podría creer.
A su vez, el Gobierno se concentró en ampliar el lente, para que el debate se centre más en la lucha contra el narcotráfico como generador de violencia y causante de depredación de los recursos naturales. El planteamiento de que vale la pena modular lo dicho por la Corte a mediados de la década suena razonable, sobre todo si se trata de combinar métodos de combate con un fin común.
Lástima, sin embargo, que algunos representantes del Ejecutivo no hayan hecho la tarea que la ocasión requería. Los fallos a la hora de dar cifras son imperdonables, sobre todo cuando se supone que son las entidades estatales las que disponen de datos sólidos.
Aun así, es posible que los magistrados presentes se inclinen por permitir el retorno de la aspersión, de manera limitada y restringida a aquellos lugares en los que la erradicación manual o voluntaria no haya dado resultados o no se pueda implementar.
Así quedó dicho en los acuerdos suscritos con las Farc que serían reivindicados, al menos en esta oportunidad.
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