Que no paguen los justos

La Procuraduría debe despejar suspicacias y enviar el mensaje de que es parte de la solución y no del problema.

24.04.2019 20:26 Actualizado: 24.04.2019 20:26

La decisión adoptada este miércoles por el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, en el sentido de suspender la licitación para adjudicar la obra de TransMilenio por la carrera Séptima, puede ser vista por los detractores de Enrique Peñalosa como algo positivo. Sin embargo, poner en entredicho una obra clave para el futuro de la ciudad no es una buena nueva.

El motivo es que existe el peligro de que la situación actual se postergue indefinidamente. A punto de que comience en forma la temporada electoral, no faltarán los candidatos dispuestos a pescar en río revuelto, a sabiendas de que la negativa al proyecto es la postura más popular. Eso, para una urbe con serios problemas de movilidad, es algo muy grave.

La razón es muy sencilla. Los estudios confirman que la velocidad promedio durante las horas pico en algunos tramos de la vía, apenas llega a los 2,5 kilómetros por hora. Dadas las iniciativas urbanísticas en curso, la situación tenderá a empeorar, a menos que se impulse una solución de transporte masivo.

Volver a comenzar con otra iniciativa equivale a echar a la basura más de tres años de trabajo, aparte de desperdiciar los recursos invertidos en diseños y compra de predios. No menos importante es desconocer que las fuentes de financiamiento están aseguradas o que dejar este asunto en el limbo le abre un enorme signo de interrogación a una estrategia que se articula con el metro capitalino.

Esto no quiere decir que se ignoren los reparos de la Procuraduría o se desatienda la sentencia del juzgado 49 administrativo, que actuó tras una acción popular instaurada por un grupo de vecinos de la zona. Es de esperar que los funcionarios de la Alcaldía serán diligentes con el fin de despejar las dudas y allanar el camino para seguir con el proceso.

Pero lo anterior requiere el trabajo constructivo de los diferentes actores. En particular, la Procuraduría debe despejar suspicacias y enviar el mensaje de que es parte de la solución y no del problema. Se trata, en fin, de que los justos no paguen por los pecadores.

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto