Todo un exabrupto

En un país que a veces cree haberlo visto todo, los hechos siempre vuelven a confirmar que sigue habiendo espacio para más sorpresas. Así lo viene a confirmar una providencia del Tribunal Superior de Barranquilla, que ratificó la decisión de un juez de la ciudad.

Según ésta, la Superintendencia Nacional de Salud está obligada a cancelar 85.000 millones de pesos reclamados por 36 entidades que prestaban el servicio de salud en diversos lugares de la geografía nacional.

Lo curioso es que las acreencias corresponden a pagos que debieron haber hecho en su momento una serie de municipios. No obstante, la tesis es que los problemas de las firmas demandantes se explican parcialmente por las fallas en la supervisión del segmento, a cargo del Estado colombiano.

Como si lo anterior fuera poco, uno de los magistrados que se apartó del fallo mayoritario coincidió con el argumento de la defensa, en el sentido de que el asunto no debería recaer en manos de la jurisdicción ordinaria, sino en el contencioso administrativo. Tampoco respaldó la cuenta de cobro inmediata por la suma señalada, que en la práctica implicaría la liquidación de la Supersalud, la cual se quedaría sin presupuesto para operar.

Y las ‘perlas’ no paran ahí. La reclamación fue hecha por un colectivo de abogados que consiguió un buen número de poderes, sin exigir el pago de honorarios, sino una comisión de éxito. Dado el monto del veredicto, podría decirse que tales esfuerzos acabaron siendo bien recompensados.

Ironías aparte, el precedente que se crea con este caso es gravísimo. Si se utiliza la misma tesis, las arcas públicas tendrían que pagar la cuenta que nazca de los errores de gestión de las compañías privadas que están bajo el ámbito de una u otra superintendencia.

Por tal razón, no hay una salida distinta a la de interponer los recursos a los que haya lugar con el fin de que una instancia superior se pronuncie. Y si el juez de marras se extralimitó, su actitud no debería quedar impune.

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@ravilapinto