La Unidad Nacional

El Gobierno Santos empezó bien, se respira distensión. Hay un lenguaje y un discurso del Presidente y los ministros en el que privilegian la diplomacia, la concertación, la búsqueda de consensos antes que la imposición. No se fustiga, sino que se propone.

En medio de ese clima de opinión, surge una reflexión elemental, pero poderosa: las cosas salen mejor a las buenas que a las malas. Me refiero, por supuesto, a las relaciones del Ejecutivo con las cortes de justicia, el Gobierno venezolano y la oposición, entre otros.

El que se haya convertido en noticia de primera página lo dicho por el Ministro del Interior -que el Ejecutivo no controvertirá las decisiones judiciales ni calificará de terrorista a ningún miembro del Polo Democrático- muestra de dónde venimos, pero sobre todo, para dónde vamos.

La idea con Venezuela no es apoyar a Chávez y su revolución. No. Hay que exigirle que no le dé refugio a los guerrilleros, pero hay que normalizar las relaciones entre ambos países, como lo está haciendo con tino y oportunidad Santos. Es una vecindad que siempre existirá, y lo que necesitan ambos pueblos es respeto y cooperación. Los gobiernos y los gobernantes pasan, las naciones y los ciudadanos quedan.

Y en la extensa frontera binacional viven millones de personas que son amigos, familiares y relacionados de muchas maneras que lo que quieren es paz, tranquilidad, y posibilidad de trabajar y vivir en armonía.

El tema es también crítico con las cortes de justicia. Casi un año sin Fiscal General, en propiedad, es uno de los resultados del duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. ¿A quién conviene? A nadie.

 Las responsabilidades quizás son de lado y lado, pero hay un precepto constitucional que obliga a los líderes del país, y en primer lugar al Presidente de la República a la armonía y cooperación entre las ramas del poder público. Es un objetivo que hay que buscar y atesorar, por encima de cualquier otra consideración personal o política. Es el espíritu fundamental de nuestra Carta.

El respeto a la oposición también es un imperativo democrático y constitucional. El país está en mora de hacer una reforma política de fondo que aborde los derechos de la oposición en un sistema político como el nuestro, que cambió radicalmente, con la posibilidad de reelección presidencial inmediata.

Las inequidades hoy están a la vista con un Presidente en ejercicio que a la vez puede ser candidato presidencial. Hay que regular, como en Estados Unidos, desde el uso del avión presidencial, hasta las apariciones en la televisión pública, e ir más allá para defender con celo a las minorías políticas. No será quizás lo que más agrade a los gobernantes, pero es lo que conviene a un país diverso y multicultural como el nuestro.

Y el tema de la corrupción. No habrá prosperidad democrática ni buen gobierno sin medidas concretas y efectivas contra la corrupción y el clientelismo. Llegó el momento de pensar en reformas, como que el Procurador y el Contralor no pertenezcan al mismo partido político que el del Presidente de la República.

¿Qué eso se convierte en una batalla campal entre el Ejecutivo y la oposición y se paraliza la administración pública? No necesariamente. Pueden designarse personas independientes de las universidades y no de los partidos. Hay que ser creativos. El camino por recorrer en este frente es enorme, y tanto el Presidente Santos como la bancada del Partido Verde deben liderar estas iniciativas.

Hasta ahora va quedando claro que Santos es Santos, no es Uribe. Eso es sano. Tiene un legado, por supuesto, pero tiene un estilo y enfoque propios. Hay vientos de unidad nacional.