Lo rural

Es lamentable que sea por cuenta de los paros y bloqueos, o de las conversaciones en La Habana, que el país esté volviendo sus ojos hacia el agro. Sin entender mucho de las realidades y complejidades de la ruralidad a un nivel más emocional que racional, se observa por parte de los ciudadanos del común, de los medios y los formadores de opinión una solidaridad amplia hacia los habitantes del campo, y se aceptan, sin mayores discusiones, los argumentos que se dan sobre las causas del problema.
Sin duda, en muchos casos los planteamientos son acertados, pero, no es menos cierto, en otros se trata de argumentos sin mucho fundamento. Atribuir el atraso y los problemas del campo a los tratados de libre comercio no deja de ser más que una fuente de distracción, pues se trata de procesos que, de manera bastante tímida, apenas comienzan a volverse realidad. A futuro, para algunos, serán amenaza, pero para otros, fuente de oportunidades.
Simplificando la problemática del campo se podría decir que, primero, es necesario entender que una cosa es el desarrollo del sector rural y otra las actividades productivas. Estas, por su parte, no se limitan a lo agrícola, sino que incluyen temas como los del agroturismo, los servicios ambientales, la conservación, entre otros. Tanto el entorno que debería permitir condiciones para la competitividad y para que los habitantes del campo puedan vivir como el resto de los colombianos, como la parte productiva, sufren grandes atrasos, pero son, en gran medida, desconocidos por la falta de información existente. Solo pensar que el último censo agropecuario se hizo hace más de 40 años, o que más de la mitad de los predios rurales tienen problemas de formalización de la tenencia, dan una idea del ‘hueco negro’ que es la campo colombiano.
Esto quiere decir que lo rural desborda, de lejos, las posibilidades del Ministerio de Agricultura, y que solo hasta que se aproxime el problema con un enfoque integral y articulado al nivel más alto del Estado se podrán lograr verdaderos avances.
Es evidente que la competitividad de muchas actividades del campo es baja y esto tiene que ver con problemas de productividad, pero también con la falta de infraestructura, educación, salud, justicia, vivienda, conectividad, renovación generacional de sus habitantes y muchos otros inconvenientes que requieren una acción interinstitucional amplia y costosa. Esto no se puede hacer solo desde Bogotá, sino requiere tener en cuenta e involucrar de forma muy activa a los diferentes actores locales, incluyendo, claro está, los gobiernos regionales.
Es necesario mirar el desarrollo rural con una perspectiva más amplia y aprovechar experiencias del pasado para no repetir los errores cometidos. El programa Desarrollo Rural Integrado (DRI), en el Gobierno de López, o el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), en el de Barco, tenían ese enfoque y deberían ser punto de referencia para estructurar lo que debería ser el gran impulso al agro que requiere Colombia. De otra forma, medidas puntuales y subsidios insostenibles llevarán, periódicamente, a seguir experimentado situaciones similares a las vividas en la actualidad.