Tareas pendientes

Acertada la decisión del Gobierno de adelantar un programa de formalización de la propiedad rural. Es desconcertante saber que poco más de la mitad de las tierras rurales tienen formas precarias de tenencia.

El reto será complejo y dispendioso, y es importante iniciar la tarea, pues para miles de colombianos será el camino de darle valor a sus activos, utilizarlos como garantía, heredarlos, venderlos etc. En fin , darles un valor que hoy no tienen.

Es la tesis de Hernando de Soto en El oro sendero, que en múltiples casos ha demostrado su validez en cuanto al poder que tienen los activos que hoy se encuentran por fuera del mercado para impulsar el desarrollo.

La tarea es enorme y requiere, en primera instancia, que el Estado tome algunas decisiones básicas para que el proceso sea viable.

Esto tiene que ver, por ejemplo, con la actualización de las zonas de reserva forestal que hoy siguen rigiéndose por una ley de 1959, que no solo resulta obsoleta, sino que es ambigua y equívoca en sus definiciones.

Por una u otra razón, los ambiciosos propósitos de esa ley no tienen hoy validez por cuanto muchas de esas áreas se encuentran urbanizadas o empleadas en actividades de diversa índole, diferentes a la conservación ambiental.

Hay casos en los que fracciones importantes de ciudades, como ocurre con Valledupar, se localizan en lo que, de acuerdo con esa ley, debería ser zona de reserva, y son infinidad los casos en los cuales supuestas zonas de reserva están, desde hace muchos años, dedicadas a diversas actividades productivas.

Sin duda, hay que actualizar la ley y entender que el país cambió y que, de una u otra forma, es necesario hacer ‘borrón y cuenta nueva’ para legalizar lo que deben ser las áreas de reserva a la luz de las realidades de hoy.

De otra parte, esto no es suficiente, sino que hay muchos otros temas que es necesario clarificar para que un proceso de formalización sea exitoso.

Uno muy importante es el del impacto que pueden tener las concesiones mineras en un proceso de formalización de la tenencia. Desafortunadamente, en la feria de concesiones en que andaba Ingeominas en los últimos años, un muy importante porcentaje del área del país ha sido entregada en concesión y esta situación puede tener serias consecuencias en un proceso de formalización.

Es fundamental que entre en operación la anunciada Agencia Nacional de Minería para que fije reglas claras para la entrega de nuevas concesiones que incorporen previsiones para evitar estos problemas y comience a revisar las concesiones existentes para depurar la información y poder conocer cuáles son aquellas ajustadas a la ley y con vigencia legal y, de otra parte, para que se establezcan nuevas reglas de juego que tengan en cuenta los conflictos en las áreas en que se adelantan estos programas.

Sin avanzar en temas como los mencionados la política de formalización de la tenencia no podrá pasar de ser un gesto de buenas intenciones, pero con posibilidades limitadas de resultados exitosos.