El Censo Nacional Agropecuario

La semana pasada se dieron a conocer los primeros resultados del Censo Nacional Agropecuario. Es el tercero que se realiza en el país y el de mayor cobertura, pues incorpora los resultados de la totalidad de los municipios del territorio nacional.

Desde el ámbito propiamente agropecuario, el resultado quizás más destacado es el relacionado con el uso de la tierra. Respecto al área para uso agropecuario, el porcentaje dedicado a pastos es del 80 por ciento, en tanto que el consagrado a cultivos corresponde al 19 por ciento. De estos, tres cuartas partes son cultivos permanentes. Además, se encontró que los cultivos agrícolas representan el 6,3 por ciento del total del área rural dispersa, lo que equivale a 7,1 millones de hectáreas, frente a los cerca de 5 o 6 millones que venían contemplando todos los analistas.

Con relación a la tenencia de la tierra, la forma más predominante es la explotación del terreno propio, seguida de la tierra en arrendamiento, que muestra un incremento significativo frente a lo señalado en los censos anteriores. También se refleja una baja sustancial de la aparcería, forma de tenencia que había sido rechazada, incluso prohibida en la legislación agraria desde los años sesenta.

El nuevo censo agropecuario continúa mostrando un alto grado de concentración de la propiedad rural. El 70 por ciento de las explotaciones tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 4,8 por ciento del área censada. En el otro extremo, el 0,4 por ciento de las unidades productivas, o explotaciones, tiene 500 hectáreas, o más, y ocupa el 41,1 por ciento del área.

Frente al acceso a recursos y las políticas de apoyo a la agricultura, se encontró que solo el 11 por ciento de los productores agropecuarios solicitó crédito. Respecto a la asistencia técnica, el 9,6 por ciento de las unidades productoras la recibieron, y se identificó que esta se desarrolló prioritariamente en las unidades de menos de 5 hectáreas.

Otro resultado interesante es que el 95 por ciento de las unidades productivas tenía acceso al agua. En términos de los indicadores sociales, se encuentra que ha habido mejoras, aunque lentas: la calidad de la vivienda mejoró; en cuanto a la educación, se identificó un aumento en el porcentaje de los niños de 5 a 16 años que asiste a la escuela, y una reducción tanto en el porcentaje de los que no asisten, como en los que no sabe leer, ni escribir. También, se dio una baja en el índice de pobreza y un incremento en la proporción de personas con acceso a la salud, puesto que la cobertura en las zonas rurales es ya prácticamente universal y beneficia al 96,1 por ciento de la población. Con todo, estos resultados reflejan que persisten grandes desigualdades entre la ciudad y el campo. También se encontró que la estructura por edades de la población rural se viene envejeciendo.

Ojalá estos datos preliminares del Censo no se utilicen de manera política y demagógica para retornar a precipitados debates ideológicos, sobre todo en el tema de reforma agraria, sino para precisar y focalizar las políticas públicas destinadas a estimular la producción agropecuaria y conseguir el mejor uso de la tierra, con el fin de convertir a Colombia en una potencia productora de alimentos para el consumo interno y la exportación, así como a la serena reflexión sobre la manera de incrementar el bienestar de los productores y trabajadores del campo.