Cultivos ilícitos, fiscalidad y pensiones

Entre los debates económicos que han surgido en estos días, uno de los más interesantes y complejos ha sido el relativo al narcotráfico, y, a raíz de este, con las relaciones económicas entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Trump reiteró su preocupación con el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia y con la exportación de cocaína hacia dicho país, y llegó a expresar incluso la posibilidad de una “descertificación” de Colombia en la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos.

De hecho, se hizo referencia a las recientes cifras publicadas en el sistema de monitoreo de Naciones Unidas, la cual detectó una superficie sembrada de 146 mil hectáreas en el 2016, un 52 por ciento superior al registrado en el 2015. Aunque las autoridades oficiales indican que el proceso de erradicación de cultivos marcha de manera exitosa, que el acuerdo en La Habana facilita dicho proceso y que están seguras de que en este año se va a cumplir con la meta de erradicación de 100 mil hectáreas y de sustitución de cultivos, en un seminario de la Universidad de los Andes, del Sismed, se discutieron las dificultades de adelantar un proceso de sustitución como el planteado por el gobierno. Para algunos expertos, la estrategia de sustitución de cultivos debe fundamentarse en la provisión de bienes públicos como carreteras, servicios públicos, educación, salud y seguridad pública en las zonas donde predominan los cultivos ilícitos, antes que en los apoyos directos a los antiguos cultivadores de coca.

Un segundo tema económico que ha centrado la atención es el de la institucionalidad fiscal del país. Mientras en la Convención de Fenalco, en Cartagena, según los informes de prensa, los precandidatos abogaban por la conveniencia de reducir los impuestos a las empresas y las tarifas del IVA, los expertos reunidos en Bogotá en un seminario del Ministerio de Hacienda, señalaban que los ingresos fiscales en los años venideros se van a quedar cortos frente a las necesidades de gasto público; que muy probablemente se va a requerir una nueva reforma tributaria y que es necesario avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal del país, con el fin de conseguir que el gasto público sea más eficiente y equitativo, eliminando el despilfarro de recursos, y la corrupción en el uso de los recursos públicos.

En el entretanto, en un encuentro convocado por Anif y Asofondos, con participación de expertos del sector privado y del gobierno sobre el tema de las pensiones, se analizó la conveniencia de adelantar una reforma pensional y la manera de concretar un gran acuerdo nacional sobre la reforma al régimen de pensiones en Colombia. Tanto Anif como Asofondos anunciaron la publicación de estudios con propuestas concretas de reforma, y se resaltó la importancia de consolidar un pacto sobre las características de la reforma, que, en todo caso, debe ser estructural y proponer modificaciones en todos los parámetros para mejorar la cobertura, equidad y sostenibilidad financiera del sistema y la conveniencia de preparar y entregar al próximo presidente electo un proyecto de reforma para presentar al Congreso.

Ojalá, a pesar del pesimismo económico reinante en el país, se sigan analizando y preparando las reformas estructurales que se requieren en Colombia, así como las políticas de fondo para sacar a la economía adelante en los años venideros.