El Plan y las reformas

En esta semana el gobierno presentará formalmente El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia-Pacto por La Equidad al Congreso de la República, luego de una última revisión que le dio el Consejo de Ministros al contenido. Como es conocido, el Plan comprende tres Pactos básicos: un Pacto por la Equidad que busca desarrollar una política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados; un Pacto por el Emprendimiento y la Productividad que desemboque en una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos, y un Pacto por la Legalidad que desarrolle una justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos con libertad y en democracia.

A estos tres Pactos básicos se sugirió, en esta columna, adicionar uno cuarto que sería un Pacto por la Estabilidad Macroeconómica para garantizar la consistencia del Plan en materia fiscal y el logro de los equilibrios macro. Se tiene entendido que la versión final del Plan ha incorporado el compromiso explícito de cumplir de manera estricta con la regla fiscal.

Como bien se advirtió en el Foro ‘Para Donde Va el País’ organizado por la Revista Semana en Cartagena, el cual instaló el propio Presidente de La República, para lograr la meta de convertir a Colombia en un país de ingreso alto, como lo propone al primer mandatario, además de tener el Plan de Desarrollo como hoja de ruta es absolutamente necesario impulsar las reformas que permitan mayores ritmos de crecimiento económico. Entre estas me atrevo a sugerir, en primer lugar, las reformas al gasto público para hacerlo más eficiente. A este respecto, la Administración Duque debería tomar en cuenta las consideraciones de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, entre las cuales se recomienda transitar hacia un esquema de presupuesto por programas, unificar en una entidad el presupuesto de inversión y funcionamiento; aplicar el principio de competencia como regla general en los procesos de contratación y compras públicas; revisar los subsidios directos para apoyar solo los estratos de menores ingresos y concentrar los apoyos en la provisión de bienes públicos; abordar el tema de las rentas de destinación especial, revisarlas y definir de manera estricta el concepto de inversión social; enfrentar el problema del financiamiento de faltantes para educación y salud lo cual requiere revisar la Ley 715 y resolver los problemas de las demandas contra el Estado , así como estudiar la conveniencia de crear un consejo fiscal independiente que haga pública sus opiniones frente a las propuestas del gobierno y del congreso en materia tributaria y de gasto público.

Otras áreas de reformas sobre las que se requiere avanzar comprenden la reforma a las pensiones que se viene estudiando durante la última década, el impulso a la vivienda sobre lo cual hace énfasis el Plan, las reformas legales que requiere la ley de infraestructura para superar la incertidumbre causada por casos de corrupción, como sucedió con Oderbrecht, y la puesta en marcha de una reforma rural integral, inspirada en el Acuerdo de La Habana, pero que sea amigable al desarrollo de la agricultura comercial y de seguridad jurídica para los propietarios legítimos de la tierra, lo que debe complementarse con una política agresiva de erradicación de los cultivos ilícitos que registraron un inusitado crecimiento en los últimos años.