El Gobierno y las reformas

Ha sido poco común en Colombia que en el tercer año de una administración presidencial se adelanten reformas estructurales por parte del Gobierno Nacional.

Los cambios de fondo usualmente se proponen al Congreso a inicios de cada Gobierno.

Solo en etapas de crisis se veían obligados, a mediados o finales de una administración, a aprobar reformas para enderezar la economía. Ese fue el caso en 1984-1985 con la crisis de la deuda latinoamericana, y a finales de este siglo como resultado del impacto de la crisis asiática sobre Colombia.

En la actual coyuntura, se vienen discutiendo en el Congreso reformas estructurales de gran importancia, como la tributaria, los proyectos en áreas de la salud y la seguridad social, y la ley sobre desarrollo rural, cuando, de manera paralela, se ha iniciado un proceso de diálogo sobre la paz con los grupos insurgentes.

La reforma tributaria que ha propuesto el Gobierno al Congreso tiene carácter estructural y no obedece a la necesidad prioritaria de elevar el recaudo para evitar una crisis fiscal, como solía ser el caso en el pasado.

El actual proyecto busca mejorar la equidad y estimular la formalización de la mano de obra, aspectos sobre los cuales los indicadores de nuestra Nación son de los peores en América Latina. Esta introduce cambios en el impuesto de renta de las personas naturales dirigidos a mejorar la equidad, reduce las cargas parafiscales a las empresas para promover el empleo y reorganiza el IVA, disminuyendo a tres el número de tasas aplicables a los diversos productos.

En el área de la seguridad social y el empleo se discuten iniciativas relacionadas con salud, formalización laboral y pensiones.

Respecto a la salud, se han propuesto proyectos, algunos estatutarios, dirigidos a mejorar el financiamiento y la prestación de los servicios del régimen contributivo y del subsidiado.

Las implicaciones financieras de la unificación del POS, los problemas presupuestales de las EPS, públicas y privadas, así como las diferencias de opinión respecto al rol que deben jugar el Estado y el sector privado en la prestación de servicios y el aseguramiento, han exacerbado las dificultades y promovido iniciativas legislativas dentro de un espectro ideológico diverso.

Para contribuir a la formalización laboral y el apoyo a los trabajadores por días, sin capacidad de generar ahorros para obtener una pensión de salario mínimo, se viene discutiendo un plan que desarrolla el mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos para brindar protección en la vejez, el cual se suplementa con mecanismos de protección de los trabajadores frente a riesgos laborales y de salud.

Asimismo, se ha anunciado la presentación de un proyecto de reforma al régimen de pensiones, que comenzará a discutirse en un grupo de trabajo del Gobierno, gremios y trabajadores, y se avanza en el establecimiento de un seguro frente al desempleo.

Es clara la necesidad de llevar a cabo estas reformas, pero dada su relevancia sobre la economía y las finanzas nacionales, es igual de importante su profundo análisis y debate antes de ser aprobadas. Ojalá su contenido y discusión no se vean entrabados por la premura de mostrar resultados antes de finalizar la legislatura.