La protección frente a los riesgos naturales

Según el informe sobre Riesgos Mundiales 2011, las catástrofes naturales como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, tormentas y el cambio climático, tienen gran frecuencia y severidad. Se estima que son riesgos de alta probabilidad de ocurrencia y con siniestros que ascienden a los US$250 billones, y podrían superar un trillón en el caso del cambio climático, cuya frecuencia acentúa otras grandes amenazas, como son la seguridad alimentaria y la hídrica. Los costos de los desastres naturales registran una tendencia creciente a nivel mundial. Esta situación se origina en el aumento de la población que, conjuntamente con los rápidos procesos de urbanización, generan una mayor exposición al riesgo. La sofisticación en ingeniería y construcción, tales como grandes autopistas y edificios inteligentes, hacen que el valor expuesto sea mayor.
Estos desastres han afectado de manera significativa a los países emergentes y en desarrollo, que son especialmente vulnerables al tener una menor capacidad financiera para prevenir y enfrentar esas vicisitudes. La expansión de su población ha sido acelerada y la urbanización no ha estado acompañada de estrategias paralelas de mitigación de riesgo, tales como construcciones sismo resistentes. Dado que el PIB en estos países es bajo, cualquier desastre resulta ser muy oneroso. Por ejemplo, el huracán ‘Katrina’ alcanzó el 1,1% del PIB de los EE. UU., mientras que ‘Iván’, que fue significativamente menos severo, tuvo un costo del 200% del PIB en un país pequeño como Granada. Adicionalmente, los desastres naturales generan volatilidad en los presupuestos de gasto de los gobiernos teniendo graves consecuencias sobre la sostenibilidad fiscal.
De ahí que resulte de inmensa prioridad el diseño de un adecuado marco institucional y financiero que comprenda la identificación de los riesgos, medidas de prevención y adecuación de la infraestructura, sistemas de alerta temprana, y la capacidad de adelantar las posteriores acciones de reconstrucción. Para atenuar estos efectos, ante todo, se requiere protección financiera, para lo cual el mercado cuenta con instrumentos de transferencia de riesgo que pueden ayudar a disminuir estas volatilidades mediante seguros y reaseguros, bonos catastróficos, fondos de calamidad, créditos externos contingentes, disponibilidad de reservas, impuestos y apropiaciones presupuestales. Toda estrategia de protección debe tener en cuenta la oportunidad requerida en el flujo de los recursos, pues aunque se necesita liquidez inmediata para afrontar el impacto de los desastres, los gastos para la reconstrucción de la infraestructura se dan en años posteriores.
En el caso colombiano, la reciente ola invernal dejó al descubierto la debilidad del país frente a los riesgos naturales. Cálculos del Ministerio del Interior estiman que el número de damnificados supera los 2.1 millones de personas, 23 vías quedaron destruidas y cerca de 600.000 hectáreas de tierra fueron afectadas, registrándose consecuencias adversas sobre el sector agrícola. El Gobierno Nacional estima que requerirá un total de $25,7 billones en los próximos cuatro años para hacer frente a la ola invernal.
Para prevenir futuras catástrofes y estar mejor preparados para enfrentarlas, el Artículo 130 del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 establece que el Ministerio de Hacienda diseñará una estrategia para el aseguramiento ante riesgos de desastres de origen natural. Agrega que “dicha estrategia estará orientada a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado”, para lo que establece que el Ministerio podrá, con cargo a los recursos del Presupuesto General, gestionar, adquirir y celebrar contratos que permitan el aseguramiento y cubrimiento de dichos eventos. El sector asegurador colombiano, con el concurso de los reaseguradores internacionales, está dispuesto a prestar toda su colaboración en este emprendimiento.