Reformas económicas pendientes

El debate económico nacional debe centrarse sobre las reformas pendientes, y su financiamiento.

Algunas –se puede afirmar– que se ‘quedaron en el tintero’ de la administración Santos, como la salud y las pensiones; otras, apenas se están cocinando, como la infraestructura vial y el desarrollo rural.

Finalmente, se encuentran aquellas que se vislumbran impostergables, como la educativa y el apoyo a la primera infancia.

La salud en Colombia se financia mediante un régimen contributivo a cargo de los trabajadores, y un régimen subsidiado a cargo del presupuesto nacional. Los costos fiscales se originan en la igualación de los planes de cobertura del POS de los dos regímenes, el sostenimiento de la nueva entidad estatal Salud Mía y el saneamiento de las deudas pendientes del Estado con las EPS por concepto de los costos del No POS cubiertos por estas.

Se estima que el costo fiscal anual adicional del sistema de salud, podría equivaler a 0,8 por ciento del PIB anualmente.

En cuanto a pensiones, la carga fiscal anual para sostener el régimen de prima media es del 3,6 por ciento del PIB.

A este se le debe adicionar el correspondiente al sistema de Beneficios Económicos Periódicos (Beps), establecidos en la Reforma Constitucional del 2005 y reglamentados mediante la Ley 1580 del 2012, que es un mecanismo para el retiro de trabajadores de bajos ingresos, quienes no han contribuido al sistema de pensiones o no han tenido la capacidad para hacer el ahorro suficiente para conseguir una pensión mínima.

El Estado otorgaría un subsidio financiero adicional al ahorro que hayan podido acumular estas personas. Alternativamente, se debate el beneficio de establecer un pilar solidario pensional, cuyo costo fiscal anual se estima en 0,6 por ciento del PIB.

Con respecto a la infraestructura vial, cabe destacar que en últimos años se ha hecho un esfuerzo por incrementar la inversión pública en la infraestructura de transporte, y se estima que para cerrar la brecha en este ramo se requeriría invertir anualmente más del 3 por ciento del PIB.

El esquema de concesiones de cuarta generación (4G) exigirá aportes anuales del Estado, representados en vigencias futuras del 0,3 por ciento del PIB.

Entre los compromisos de desarrollo rural sostenidos en La Habana, se conviene la creación de un fondo de tierras para dotar de esta a los campesinos.

Si no se obtienen por extinción del dominio o de baldíos de la nación, se tendrán que comprar para redistribuirlas.

Además, la estrategia de reforma rural integral busca garantizar todos los servicios que requieren los agricultores para poner en producción las tierras, como asistencia técnica, vías de transporte, crédito y comercialización.

A estos costos habría que agregar los gastos públicos propios del posconflicto. Su costo fiscal podría sobrepasar el 1 por ciento anual del PIB.

Por último, el estudio de la Fundación Compartir estima el costo anual de la estrategia del mejoramiento de la educación en 0,3 por ciento del PIB. Este comprende principalmente el entrenamiento y preparación de los profesores. Por su parte, un estudio de la Universidad de los Andes, realizado con apoyo de la Fundación Éxito, estima que llevar la atención de la primera infancia a una cobertura plena de niños vulnerables implicaría elevar el gasto anual en este sector en 0,4 por ciento del PIB. En fin, las reformas venideras son de gran envergadura y las necesidades de recursos para financiarlas verdaderamente mayúsculos.