El salario mínimo y las rentas vitalicias

El salario mínimo en Colombia tiene un impacto significativo en la economía. Como se ha señalado por analistas económicos y directivos gremiales, el mínimo no sólo atañe a los ingresos de los trabajadores que se ven cobijados con la medida, sino que afecta también toda la escala salarial: en el empleo, las empresas y la actividad económica en general. Uno de los aspectos menos conocidos que surgen de los ajustes en el salario mínimo es su incidencia en el sistema pensional colombiano.
En el país, desde la Ley 100 de 1993, coexisten dentro del sistema pensional dos regímenes: el de Prima Media, administrado por el ISS, y el de Ahorro Individual con Solidaridad, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones. En este último, las modalidades de pensión son el retiro programado ofrecido por las AFP, en el cual la mesada pensional podría fluctuar, pues el pensionado asume los riesgos del mercado de las inversiones de la AFP y de que su vida se prolongue más allá de lo que podría cubrir su ahorro pensional acumulado; y la renta vitalicia ofrecida por las aseguradoras, que se caracteriza por mensualidades que se ajustan con el índice de precios al consumidor, independiente del comportamiento del mercado y del tiempo de vida del pensionado.
Al disponer la Constitución que el monto mensual de una pensión no puede ser inferior al salario mínimo, los ajustes de este repercuten en las pensiones y sobre las entidades encargadas de cubrirlas. Esta disposición constituye la principal barrera para el desarrollo de las rentas vitalicias. En efecto, por ser el salario mínimo una decisión de tipo político anual, surge una gran incertidumbre para calcular el monto requerido de la renta vitalicia que se puede ofrecer a un ahorrador que decide pensionarse y que ha acumulado un determinado valor de ahorro, pues la compañía de seguros tiene que prever si el pensionado va a estar beneficiado con ajustes de salarios mínimos por encima de la inflación en años futuros. Esta situación reviste especial importancia cuando se considera que cerca del 80% de los trabajadores afiliados a las AFP cotizan sobre menos de dos salarios mínimos.
El dilema frente al impacto que pueden traer consigo los ajustes del salario mínimo en los próximos años se ha puesto en evidencia con la decisión, sin precedentes, adoptada por sugerencia del Presidente de la República de revisar el alza del salario mínimo para el 2011, que había sido fijado sólo unos días atrás. La naturaleza política de este tipo de decisión ha llevado a que en otros países el Estado cubra los aumentos anuales de las mesadas de los pensionados por encima de la inflación. La reforma financiera de 2009 estableció que el Gobierno Nacional puede crear mecanismos que permitan cubrir el riesgo de incremento del salario mínimo en las rentas vitalicias, en caso de que dicho aumento sea superior a la variación del IPC.
Sin embargo, esta disposición no ha tenido desarrollo alguno por parte del Ejecutivo y debe ser materia prioritaria de estudio y decisión dentro de la agenda económica de la administración Santos. Entre los instrumentos que se podrían adoptar para cubrir el riesgo se encuentran la emisión de títulos del Gobierno de largo plazo indexados con los ajustes del salario mínimo que puedan adquirir las aseguradoras y mecanismos mediante los cuales el Gobierno cubra, por la vía presupuestal, los montos adicionales en las pensiones que surjan por ajustes del mínimo por encima de la inflación.