Aquarela sentenciada

El edificio Aquarela está en capilla. Hace poco lo sentenciaron en Bakú. Se quería paredón inmediato con descertificación de Cartagena. La Asamblea de la Unesco dio un plazo, hábilmente conseguido por la delegación colombiana a Bakú, para que la ejecución se pospusiera hasta por un año. El cono visual que afecta al Castillo de San Felipe debe desaparecer porque los países miembros consideran que ese exabrupto afecta la credibilidad de todas las declaratorias de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Frente a Cartagena Patrimonio, kaput Aquarela Multifamiliar VIS.

Avivatos no calcularon lo sensible de Cartagena colonial ante el país y ante sí misma. De entrada, hubo pilatunas para conseguir la licencia de construcción. Se modificó el POT por circular de la Secretaría de Planeación, cuando ello es competencia exclusiva del Concejo. La trampa ya se había empleado otras veces en Cartagena y, en este caso, se eximió al constructor de respetar la altura de cuatro pisos en Torices prevista por POT. La excusa: una ley sobre Vivienda de Interés Social exoneraba de alturas. Excusa inadmisible; en lo que es de su competencia, un acuerdo municipal POT mata ley.

Elevadas dos terceras partes (30 pisos) del primero de cinco edificios proyectados por Aquarela, el Ministerio de Cultura, aguijoneado por la opinión, interpuso una Acción Popular y el juez ordenó la suspensión provisional de las obras. Ahí está hoy la litis. Desde antes de la defensa de Bocachica por don Sancho Jimeno en 1697, los cabildos trazaron ciudades y dispusieron de áreas para el gobierno civil y eclesiástico, y, en el caso de Cartagena, para espacios castrenses. El padrastro de Aquarela hubiese aterrado a ingenieros militares que removieron hasta las estribaciones de la Popa para eliminar dominaciones de San Felipe. Sofisticados en el POT, los principios siguen siendo los mismos, con propósitos mas amigables.

Sentenciada como está Aquarela, en el trasfondo se discute quién paga los platos rotos. Los abogados de la promotora Calle 47 SAS arguyen que se obró de buena fe y que el juez tendrá que aceptarlo. Esos abogados actúan solo por memorial, como lo permite la ley. Tampoco han puesto la cara las tres firmas antioqueñas que estaban detrás del proyecto, ansiosos quizá por una costosa erosión reputacional. Algo temen dadas las picardías posteriores a la licencia: por sus precios, Aquarela poco tiene de VIS y numerosos apartamentos serían segunda vivienda. Además, y peor, se apropió del espacio público. Algo más de 600 metros cuadrados de construcción se asientan sobre áreas de cesión. Esto es suficiente para ordenar demolición, pero se escuda en que la construcción está suspendida y propone corregir el entuerto alrededor del edificio (constructivamente imposible).

La otra posible pillería se remonta a después de aprobada la licencia de construcción en 2008, cuando en el país regía un reglamento de sismorresistencia obligatorio, que fue sustituido por otro más riguroso en 2010. Hay indicios de que el nuevo no se aplicó. La alcaldía contrató la revisión con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. De ser deficiente, no cabe sino la demolición sin más dilaciones. RIP Aquarela.

Exministro e historiador