Intromisiones de la tercera rama

19.07.2013 01:32 Actualizado: 19.07.2013 01:32

El país ha ido registrando, con angustia, la paulatina intrusión de la rama jurisdiccional del poder público en áreas ajenas a su competencia. Las altas cortes dan órdenes, distribuyen reprimendas y se autoasignan prebendas.

Son desequilibrios que descuadernan la gobernabilidad y lesionan la majestad de la justicia. Corrosivo asunto: “las leyes os darán la libertad” es de la esencia misma de la nacionalidad colombiana y de ese Estado de derecho que se invoca con tanto orgullo. Por lo mismo, la indispensable independencia de la justicia a su vez exige especial recato frente a las demás instituciones del Estado.

En mala hora, la Constituyente de 1991 puso a los jueces a ternar, elegir y cooptar, funciones gestoras de más que ocasionales compadrazgos y corruptelas.

Además, en su desconfianza del ejecutivo, habilitó a los jueces para gerenciar la justicia; suficiente tienen con administrarla. Mala la idea, por lo mismo que médicos o periodistas son quedaditos para manejar clínicas o periódicos.

Un particular sesgo de la extralimitación de los entes judiciales asoma en la Contraloría y Procuraduría, que interpretan su mandado con reprensible amplitud.

Aparte de asegurarse que los funcionarios públicos cumplan las leyes y decretos que enmarcan su actividad, se les ha dado por sancionar sus desaciertos. Peligrosa cuesta que conduce a la parálisis de la administración.

Don Sancho Jimeno pensaba en el gran Felipe II, mientras defendía a Cartagena en 1697. El monarca, triunfador de Francia en San Quintín y del turco en Lepanto, había llegado a la cúspide de su poder al unificar las coronas de España y Portugal, y de sus extensísimas posesiones ultramarinas en 1580.

Era cierto, en sus dominios no se ponía el Sol. Solo retaban holandeses rebeldes y sus aliados ingleses, protestantes ellos. Aquello había que extirparlo, sobre todo con el pirata Drake causando erisipela.

Tres años de recursos del imperio se dedicaron a organizar una enorme flota y ejército para invadir a Inglaterra. Esa Invencible Armada de 1588 marró la oportunidad de desembarcar tropas para rendir a Londres, que era su objetivo.

Equivocaciones tácticas, que incluían empalmar de ante mano con otro poderoso ejército imperial reunido en las costas de Bélgica, dieron al traste con la expedición. Buques incendiarios, cañones ingleses y vientos contrarios convirtieron lo que habría sido un descalabro en desastre. Se perdió un tercio de la flota y la mitad de los tripulantes y soldados.

La Procuraduría, aunque institución peculiarmente colombiana, se habría dado un banquete abriendo pliegos de cargo, a través, quizá, de algún tribunal especializado del Santo Oficio, al rey Felipe.

Como mínimo se le acusaría de ineptitud en la escogencia del Duque de Medina Sidonia, quien nunca quiso el cargo, como comandante de la Armada y de desgreño al impartir órdenes incumplibles. La Contraloría, por su parte, hubiese quedado ahíta armando expedientes por detrimento patrimonial.

Felipe II estaba blindado. No lo están el suspendido Samuel Moreno o el destituible Gustavo Petro a quienes se les enrostra ineptitud. No tendrán muchos simpatizantes, pero eso no es excusa para torcerle el cuello a la ley y pisarle terrenos al ámbito de las revocatorias.

Con los entes de control respirándoles en la nuca, los buenos se abstendrán de servirle a la República. No aceptarán cargos, sino los marrulleros. Ya está pasando.

Rodolfo Segovia

Exministro - Historiador

rsegovia@axesat.com