Negociación colectiva

En el aire gélido de Wisconsin se discute en caliente. El nórdico estado de la unión norteamericana está cerca de aprobar legislación negándole a los sindicatos del sector público lo que se ha dado en llamar el “derecho” a la negociación colectiva. El sindicalismo conmocionado converge sobre Madison, su capital. Las reverberaciones podrían tener repercusiones continentales.
El derecho en los EE. UU. data apenas de los tiempos de John F. Kennedy, quien con su agudo sentido político cayó en cuenta de que fortalecer los sindicatos del Estado sería buen negocio para el Partido Demócrata y extendió nacionalmente un privilegio que ya existía (con muy buenos réditos políticos para él) en la Nueva Inglaterra.
Ahora la mayoría de los estados gringos, en quiebra por sus excesos y los de sus sindicatos públicos, y sin poder recurrir a un Gobierno federal también desfallecido, buscan hacer ahorros. Van de la mano de maniobras partidistas. Los sindicatos del sector son, en efecto, los grandes contribuyentes a las arcas del Partido Demócrata. Nada tan distante de Colombia, ¿qué haría del Polo sin Fecode?
Obama, obligado por la opinión a virar hacia el centro, y con escaso margen de maniobra, arroja el hueso de los TLC a los sindicatos, opuestos a la libertad de comercio. He ahí la explicación de la tibieza del Presidente y la verdadera razón de una ilógica demora, que atenta contra el propio interés de EE. UU.
Aunque hidalgo bien en bragas, como lo demostró en Bocachica contra los piratas en 1697, don Sancho Jimeno conocía de agremiaciones poderosas. De una de ellas, la del sindicato de los cargadores de Sevilla, dependía la prosperidad de Cartagena. Esos comerciantes asociados negociaban las condiciones de embarque de las flotas de los galeones con la corona a costa de los consumidores, tal como hoy se presentan pliegos de peticiones a las entidades del Gobierno.
En la controversia actual de Wisconsin está en juego el principio de la asignación democrática de recursos públicos. El gran ausente en la negociación de empleados estatales es el contribuyente, quien en últimas paga la cuenta. Para soslayar un contrasentido cuando se enfrentan confederaciones de servidores públicos contra el ciudadano se izan banderas anacrónicas sobre asimetrías entre el capital y el trabajo (al que la ley protege) de las épocas heroicas de los sindicatos, que no vienen al caso.
Muy distinta es la negociación de salarios y condiciones de trabajo en empresas privadas donde lo que debate son ganancias por productividad y el reparto de renta entre particulares. En el sector público, en cambio, los sindicatos negocian por una parcela del bien común y tendrían, por lo tanto, un perverso interés en que crezcan los impuestos.
Colombia ha vivido también la intocabilidad de las conquistas sindicales, como las del conflicto en Wisconsin, que partían de que el Estado no se quebraba y que, además, las consecuencias de las decisiones afloraban sólo mucho más tarde, cuando ya nadie estaba pidiendo cuentas a los responsables. Así se llegó a Colpuertos, a Telecom, al ISS, etc. Sin sus pensiones desorbitadas, que hoy hacen parte del pasivo de la Nación, no existiría déficit fiscal. Y eso sin contar la última bonanza petrolera, la de Cusiana y Cupiagua, que, de convención en convención, se esfumó en parte para fondear el pasivo pensional de Ecopetrol.
Lo que se discute en Wisconsin es el futuro de las finanzas públicas. Más vale estar atentos.