En defensa de la salud

El problema del sistema de salud en Colombia no es de policía, aunque lamentablemente, como en tantas otras esferas de la vida colombiana, en la provisión de servicios de salud por parte del sector privado, los más emprendedores han sido los pillos que identificaron las fallas y debilidades del sistema para desviar recursos y montaron una red de corrupción que tiene vasos comunicantes con otras actividades ilícitas, que van desde el juego del Chance al narcotráfico y el paramilitarismo.

A esta ‘guachafita de la salud’ le quiere poner fin el Presidente –en buena hora–, y ha convocado a las autoridades responsables para que se hagan cargo.

Hay que evitar que esto se convierta en una cacería de brujas y que injusta o innecesariamente se sacrifiquen instituciones. Los casos de corrupción y criminalidad se deben dejar en manos del mejor policía del mundo, de la Fiscalía y la Procuraduría, y orientar la atención del alto Gobierno y del equipo técnico a resolver los problemas institucionales, financieros, técnicos y de diseño de un sistema que no es perfecto, pero que tiene muchos logros que mostrar.

El presidente Santos hizo referencia a ellos en su discurso en el homenaje a César Gaviria, cuando la Constitución de 1991 cumplió veinte años. Dijo que gracias a la Ley 100 se ha pasado de una cobertura de salud del 58 por ciento en 1997 a una del 96 por ciento el año pasado.

Para los más pobres, la cobertura del régimen subsidiado pasó de un 47 por ciento en el 2003 a un 98 por ciento en el 2010. Estos no son resultados deleznables, y pocos países los pueden mostrar. Pero como en el caso de la educación, habiendo logrado niveles altos de cobertura, hay que trabajar en la calidad, trasparencia y fortalecimiento institucional. Santos está preparado para esto y ve la actual crisis como una oportunidad para hacerlo.

El Gobierno también se propone eliminar las diferencias entre los regímenes subsidiado y contributivo antes del próximo primero de diciembre, y va a trabajar en la calidad de las instituciones, a reducir el número de las promotoras de salud y a mejorar el sistema de control del sistema de recobros. Promete agilizar los pagos y meter en cintura a los proveedores de productos farmacéuticos para parar el desangre vía abusos en los precios.

Todo esto está muy bien. Pero hay un problema crítico que no se está tocando. El sistema, con todos sus logros, no es sostenible si no se acotan sus costos y si no se logra que el derecho que se consagre en materia de acceso a la salud sea el de acceder a los servicios del régimen unificado y no a otros que decidan los jueces. Para evitar la corrupción en los recobros, el sistema debe ser automatizado y tiene que hacerse de manera rutinaria y a tiempo. El control no puede llevarse a cabo ex ante, porque se promueve la corrupción y se elevan exageradamente los costos. 

Las EPS que sobrevivan deben hacerse responsables por la veracidad de sus reclamos y serían acreedoras a multas si se descuidan o apartan de la verdad, sin perjuicio de que por ese mismo motivo pierdan sus licencias. Los precios de los servicios y de los medicamentos que se reconozcan en los recobros deben ser estandarizados y preestablecidos, para ponerle control a los abusos de los proveedores y de las IPS.

Otro problema mayor que debe resolverse en esta coyuntura es que no hay liderazgo ni de parte del sector privado, atemorizado por la cacería de brujas, ni las entidades públicas responsables.