Para dialogar con el adversario

 

El Informe sobre Desarrollo Humano 2011, del Pnud, destaca el papel de las élites regionales que en alianza con los grupos armados, paramilitares o guerrilla se han beneficiado del uso de la coerción armada para distorsionar los resultados electorales con el fin de influir en el desempeño de las instituciones, para capturar rentas y ejercer el poder a su acomodo con plena impunidad.

En zonas en las que está más consolidado el poder de estas élites son mayores las necesidades insatisfechas del la población, menor el bienestar y la efectividad del Estado.

Esta criminalización regional de la política tiene severas consecuencias a nivel nacional, porque es uno de los pilares sobre los que se monta la corrupción y el clientelismo, y ha debilitado a los partidos y las instituciones del Estado que han perdido legitimidad y capacidad de actuar.

Las élites beneficiarias de esta evolución perversa de la política están sobrerrepresentadas en el Congreso, desde donde establecen vínculos estrechos con otras ramas del poder e interfieren con las iniciativas de reforma. Para asegurar el progreso rural hay que desmontar esta estructura de corrupción y exceso, pero ella es parte del andamiaje del sistema político vigente.

Como sucedió cuando Carlos Lleras soñó con crear una clase media rural, los gamonales se le van a atravesar a quienes lo intenten. Si vuelven a tener éxito, la pérdida no será solo del campo y sus habitantes, sino de todo el país, del sistema productivo y la democracia.

Se trata de un cambio político para el que no se cuenta con las herramientas, pero quizá va a ser central en las discusiones que se lleven a cabo sobre el problema de tierras y el programa agrario, pues las élites regionales son el nudo gordiano que se tiene que romper. Pero otro tipo de élites no tienen por qué excluirse de un proceso de transformación política y social.

La FAO dice que hay varios millones de colombianos con hambre. Ese es un problema político de los alcaldes, en primer lugar, y del Gobierno Central. Pero la economía y el sector rural se beneficiarían si se organizara la producción agrícola para proveer o financiar con exportaciones los alimentos que se necesiten.

El Pnud espera implícitamente que esto suceda como resultado de una reforma de la estructura de propiedad y producción agraria y una transformación democrática del poder local.

Distribuir la tierra en lotes medianos es una opción para desarrollar una pequeña burguesía rural, pero no es viable en varias regiones o para todos los cultivos. Algunos de ellos, como el de palma africana, requieren grandes extensiones, pero pueden funcionar con alianzas productivas entre un capitalista promotor que provee asistencia y compra el producto para su industria y campesinos productores, propietarios de los cultivos. 

Ese agente capitalista debe establecer relaciones equilibradas con sus proveedores. Quizá proviene de una élite de naturaleza diferente a las tradicionales, porque cuando ellos conciben estas alianzas las formulan como modelos de explotación y sumisión de los campesinos.

El proyecto de Carimagua, del anterior Gobierno, fue objeto de oposición porque se sospechaba que se había concebido con ese criterio, pero hay otros que funcionan porque se respetan los derechos de los productores y se tienen en cuenta su organización y aspiraciones. No doy el nombre de los que conozco, pues no los mencionó Iván Márquez en su discurso (continúa el viernes). 

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