Inseguridad Democrática

El asesinato de los dos jóvenes investigadores de la Universidad de los Andes en San Bernardo del Viento ha puesto en evidencia que al departamento de Córdoba no se puede ir sin correr peligro de muerte porque el solo hecho de que no se sepa que está haciendo la persona allá, la hace acreedora a una sentencia de muerte de quienes poseen el control real de la zona. Algo similar sucede en Nariño, Antioquia y en otras partes.

En Córdoba, los habitantes están viviendo una situación peor que la que tenían antes de que los jefes paramilitares se sometieran. Lo anterior, debido a que quedaron libres los subalternos entrenados para cometer cualquier exceso. Cuando los paramilitares dominaban, había que pedirles permiso a los jefes para tomar fotografías, utilizar cámaras o realizar investigaciones científicas en la región; hoy se asume que cualquier desconocido es un enemigo y se procede a ejecutarlo. Las dos situaciones son indeseables. Alguien está usurpando ilegítimamente la autoridad del Estado y ejerce una soberanía alternativa basada en criterios y prácticas salvajes. De hecho, la población civil no tiene garantías cuando no es el Gobierno el que tiene el control. Los Estados se organizaron originalmente para que dicha población no quedara al arbitrio de bandas de forajidos o rehén de mercenarios.

La única solución viable es que el Estado asuma su responsabilidad e imponga rápidamente el monopolio de su autoridad en la región. Pero hay dos factores que conspiran contra la pronta ejecución de esta solución: el primero de ellos, que los criminales estén al servicio del narcotráfico y posean enormes recursos financieros para corromper a las autoridades y a la clase política. El otro, que el Gobierno haya decidido creer más en las estadísticas que en los hechos y aduzca que los asesinatos han disminuido y que tiene firme control del territorio.

Este comportamiento causó mucha indignación entre los habitantes de poblaciones como San Bernardo del Viento que están a merced de bandas criminales que han notificado a los habitantes, casa por casa, del hecho de que si intervienen las autoridades habrá represalias (entiéndase masacres). Las bandas que dominan la zona apagan la electricidad en el pueblo a las siete de la noche y el que salga a la calle está muerto. También están muy expuestos los que se quedan en casa. Los "matones" entran a cualquier hogar a la fuerza y cometen atrocidades con plena impunidad.

Los pocos que se han atrevido a denunciar de manera privada y en público lo que sucede en esa región no reciben ninguna respuesta. A pesar de que San Bernardo está muy cerca de la base naval de Coveñas, no ha habido presencia militar, ni de la policía en el pueblo desde antes que asesinaran a los dos brillantes jovencitos uniandinos.  Como ahora es imposible ocultar ese hecho, el "desgobierno" en la zona se ha hecho público y los habitantes esperan una solución; pero ya se vislumbra que las autoridades le podrían estar haciendo el quite a esa opción construyendo argumentos para descartar este bárbaro asesinato como un hecho fortuito o aislado, fruto de un error de apreciación de criminales ignorantes, desconociendo que el Estado colombiano les está fallando a los habitantes de Córdoba en seguridad ciudadana, que es lo fundamental.

Mientras se reúnen el Alto Asesor de Seguridad Nacional, el Mejor Policía del Mundo y el Estado Mayor Conjunto a llenar el vacío conceptual que ha permitido que las bandas emergentes se apoderen de regiones enteras, el Comandante de la Armada debería actuar para recuperar la soberanía en el Golfo de Morrosquillo que nuca debió dejar perder.