Justicia distributiva

 

En el caso de la ‘Yidispolítica’, condenó a la cárcel y a la ignominia a los 2 congresistas que vendieron su voto e hicieron posible la reelección de Uribe.

Pero los que utilizaron recursos públicos y abusaron de su poder como funcionarios para comprar esos votos duermen tranquilos en sus casas.
Hoy tenemos otro caso en el que se le aplica la ley con todo rigor a unos jóvenes que trabajaban en el Ministerio de Agricultura y tuvieron a su cargo el diseño de la operación del programa de AIS, a quienes un juez de ‘Garantías’ ha enviado a la cárcel, supuestamente por no haber previsto que ese programa tendría las consecuencias que tuvo, o por fallas de procedimiento en la contratación de su ejecución con una agencia de la OEA, procedimiento amparado en un concepto legal de un ex procurador general de la nación.
Si la política anticorrupción vigente no consiste en darles castigos ejemplares a los culpables, sino a unos pocos técnicos y abogados para que los responsables puedan continuar su carrera política sin inconvenientes, este es un logro del que puede ufanarse el Gobierno en sus reuniones con el Partido Conservador. Pero la justicia está aplicando la ley con toda severidad a quienes no se les debería aplicar tanto rigor.
Los 4 jóvenes que han sido encarcelados por su intervención en las etapas de diseño de AIS y la contratación del Iica, como agencia asesora del programa, no tienen récord criminal ni son un peligro para la sociedad.

Son jóvenes que creyeron estar contribuyendo a un Gobierno que admiraban y en el que habían depositado su confianza. Pueden haber cometido errores o violado normas que tengan consecuencias penales, pero no se quedaron con el dinero del programa ni se beneficiaron personal o políticamente de la asignación de créditos, ni intervinieron aparentemente en ella.
La decisión de encarcelarlos y someterlos al oprobio es excesiva, mas si se tiene en cuenta que los que concibieron el programa, lo ejecutaron y lo usaron mal, en algunos casos con aparente intención de obtener beneficios políticos, no han sido acusados y andan por ahí discretamente libres, con el Twitter guardado.

Esto no sólo habla muy mal del sistema colombiano de justicia, que es severo con los de abajo y complaciente con los de arriba, sino que da una señal equivocada a los jóvenes que están iniciando sus carreras técnicas o profesionales. Les está diciendo que “no vayan a cometer el error de trabajar para el Gobierno”, a menos que tengan malas intenciones o no consigan algo mejor.
En el DNP están aterrados los funcionarios de que los puedan encarcelar por no haber previsto alguna consecuencia de las políticas que llevan a discutir en el Conpes, o por recomendar algo que un abogado competente ha dicho que se puede hacer. Los viceministerios pasaron a ser considerados cargos de alto riesgo, el cual se incrementa sustantivamente cuando el ministro es Ph.D. en economía con ambiciones presidenciales.
Involucrar a jóvenes técnicos o profesionales en actividades que tengan riesgos jurídicos para evadir responsabilidad debería ser un delito.