La política y la seguridad

Hace un par de semanas escribí que una de las razones por las cuales las políticas económicas no tienen la efectividad esperada es porque muchas de las instituciones y el sistema político no contribuyen al desarrollo y crecimiento económico.

Tienden a favorecer a los que tienen el poder y excluyen a muchos otros grupos. También coadyuvan al establecimiento de hegemonías regionales competitivas e ilegales por parte de criminales.

Esto último está muy ligado al problema de seguridad e incide en la efectividad de las políticas en esa materia, cuyo alcance está limitado por la organización política a nivel territorial.

El término de seguridad democrática se acuñó, quizá, para diferenciar esta política de otras, como la de seguridad nacional, que impusieron regímenes dictatoriales en el sur del continente con funestos resultados.

Seguridad democrática debería ser la que se obtiene imponiendo el control del Estado, respetando las instituciones democráticas y las normas sobre derechos humanos, en contraste con la que se alcanza haciendo caso omiso de ellas.

Si esas eran las intenciones, no se logró a cabalidad cumplir con los objetivos, pues aunque mejoró notablemente la seguridad en las carreteras y en vastas regiones del país, y se sacó Colombia de encima el INRI de ser vista como una democracia en un Estado fallido, no lo logró completamente ni lo hizo mediante el fortalecimiento de las instituciones.

En el campo del respeto a los derechos humanos, el país no ha podido salir de las listas negras internacionales.

Al interior, también sufrió la política de seguridad un fuerte golpe con el escándalo de los ‘falsos positivos’, los asesinatos de líderes comunales y con acusaciones de haber simulado el sometimiento de un singular frente guerrillero, y otros incidentes que no demeritan sus resultados ni su positivo impacto sobre la ‘confianza inversionista’, pero sí crean suspicacias sobre los métodos utilizados.

Por otra parte, la dependencia en muchas regiones del país de grupos privados paramilitares como barreras de contención de la guerrilla y la alianza de estos grupos con comandantes de la fuerza pública, por un lado, o jefes políticos regionales, por el otro, crea muchas inquietudes sobre la posibilidad real de aplicar una política de seguridad verdaderamente democrática, más cuando se percibe que muchas poblaciones del país siguen siendo controladas o dominadas por grupos criminales, con políticos a su servicio, o por caciques políticos regionales aliados con los criminales.

Particularmente notorio en este contexto ha sido el hecho de que algunos de los territorios de los que fue desalojada la guerrilla, que eran corredores de armas y droga, no pasaron al control del Estado, sino que quedaron en manos criminales.

Se intentó desmontar el aparato paramilitar, pero se hizo de tal manera que no se han podido controlar sus secuelas.

En esas regiones, todavía dominan las mismas familias que estuvieron aliadas con ellos o han pasado a dominar grupos aún más sanguinarios y con menos restricciones morales. En otras, sigue dominando la guerrilla, también en alianza con criminales y políticos o directamente involucrada en el negocio ilegal de droga, el cultivo de insumos o la operación de laboratorios.

El resultado sigue siendo que el control territorial no está en manos del estado exclusivamente. Sus funciones son ejercidas por distintos grupos que lo combaten y le compiten, y el sistema político se nutre de esta situación para fortalecer el clientelismo y debilitar la democracia en toda la nación.