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Después de los convenios alcanzados con las Farc durante la última semana y conociendo la acertada intención del Gobierno de seguir con las negociaciones hasta que se llegue a un acuerdo o se agoten las posibilidades de alcanzarlo, es claro que el principal tema y el más importante de las elecciones presidenciales que se aproximan, va a ser la paz, y también se sabe con plena certeza que va a ser probablemente el asunto más controvertido y el que hará muy difícil, si no imposible, que se unan la derecha con la izquierda para impedir la reelección del presidente Santos, como temen algunos y otros esperan.
Varias personas han pedido que la campaña se concentre en las ideas y que el debate entre los candidatos sea con referencia a programas y políticas, y no una pelea personal, conducida a ‘tarascazos’. En esto, la ventaja es definitivamente del Gobierno, que ya ha comenzado algunos de los programas en los que va a concentrar su esfuerzo, adicionalmente al que ha invertido y mantendrá en pos de la paz y la organización del posconflicto.
Lo que probablemente reciba más atención van a ser los cambios institucionales que se deberán emprender una vez se llegue a buen término en las negociaciones de paz o si estas fracasan, la política de seguridad que se va a aplicar. Como la reforma de la salud va a quedar, en el mejor de los casos, a mitad de camino, se deben esperar ajustes adicionales o incluso un viraje abrupto.
En referencia a las instituciones, la atención tendrá que centrarse, en primer lugar, en la reforma de la justicia, reformas de los partidos y del sistema político, pues el clientelismo vigente ha fomentado a tal punto la corrupción, que ya no es sostenible continuar ignorándola o tolerar que el Estado no ejerza directamente soberanía y control en el territorio nacional y delegue esta responsabilidad en agentes regionales, muchas veces en detrimento de la institucionalidad y del orden legal. Tampoco se puede seguir ignorando la ineficiencia y ausencia de diligencia en el Estado.
En el campo económico se esperan programas y estrategias encaminadas a alcanzar tasas de crecimiento superiores al 4 por ciento anual, e inducir los cambios estructurales que se requieren para aumentar la productividad y seguir reduciendo el desempleo. Una de las prioridades es que se ejecute con rapidez el programa de infraestructura de este Gobierno.
Se van a completar casi tres periodos presidenciales en los que no se han concluido las obras más urgentes. Se necesitan definiciones sobre lo que se va a hacer para mantener la posición competitiva de los principales puertos colombianos, que está amenazada, un plan de transporte férreo y el desembotellamiento de la zona central del país, para explotar mejor su potencial exportador y consolidar mercados nacionales más amplios.
También es muy urgente definir cuál va a ser la posición del Gobierno y de la sociedad sobre el futuro de la propiedad rural y el desarrollo del sector agropecuario, donde están las posibilidades más evidentes de aumentar la producción y acelerar el crecimiento económico, al tiempo que se le da un impulso social a la población campesina, que es la que más ha sufrido el azote de la violencia y el descuido del Estado. Continúa.
Rudolf Hommes R.
Exmnistro de Hacienda
rhommesr@hotmail.com
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