La cuenta que nadie hace

Es muy respetable el anuncio de la ministra de Trabajo, en el sentido de que no será presentada la reforma pensional en 2019, aduciendo escasez de tiempo para prepararla y socializarla. Mientras tanto, el odómetro del pasivo pensional crece cada día y, mientras más tiempo pase, se desvanece la posibilidad de desactivar esta peligrosísima bomba.

Sin entrar en mayores tecnicismos, y sin recurrir a comparaciones internacionales, como pide la doctora Arango, me atrevo a sugerir que la reforma sea presentada ya mismo, esta semana, con un planteamiento sencillo, pero contundente: el esquema actual no es viable, ni sostenible, y pone en inminente riesgo la calificación de grado de inversión de Colombia, pero también la misma viabilidad de las finanzas públicas.

El sistema actual es insostenible por una sola razón: los aportes de los colombianos al sistema público de pensiones son muchísimo menos que lo que efectivamente reciben por concepto de pensión, una vez cumplen las exigencias de edad y semanas mínimas de cotización. Veamos.

Por ley, cada mes un empleado aporta 4% de su salario y el empleador otro 12%, por concepto de pensión obligatoria. Eso significa en total 16% del salario. Al cabo de 1.300 semanas, que equivalen a 25 años, el aporte total habrá sido, entonces, 4 años equivalentes de salario (16% de 25). Si el monto mensual de la pensión, como lo establece la Ley, es 75% del promedio de los aportes de los diez años anteriores, el fondo acumulado imputable a cada empleado alcanzará para pagarle una pensión durante 5,33 años.

Así las cosas, el fondo de una mujer, cuya edad de retiro es 57 años, alcanzará hasta que tenga 62,3 años. Y el de un hombre, que se retira a los 62, alcanzará hasta que cumpla 67,3 años. De ahí en adelante, todo será un subsidio con cargo al presupuesto general de la nación, pues la población laboral aumenta menos que lo que aumenta la población pensionada.

El problema está en que la expectativa de vida de un hombre es 75,4 años y la de una mujer es 81,1 años. Ergo, el primero debió haber aportado 8,1 años más de salario (lo cual hubiera hecho únicamente trabajando 50,6 años más). Y ella debió aportar 18,8 años más de salario, es decir los aportes de 117,5 años.

Hablar de aumentar la edad de pensión se cae de su peso. Pero además de eso, hay que hablar de incrementar los aportes, por lo menos al doble desde el punto de vista del empleado, es decir, a 8%. Y ello no es políticamente viable, menos en un año de elecciones y de profunda esculcada, luego de la ley de financiamiento y del absurdo cobro de valorización en Bogotá, donde se genera 25% del PIB.

El otro elemento de la reforma debe ser el cierre del acceso al sistema de reparto (Colpensiones), a personas de ingresos superiores a dos o tres salarios mínimos, para que ellos ahorren en el sistema privado (el cual debe ser democratizado) y decidan, con el suplemento de los aportes voluntarios, qué nivel de pensión y a qué edad la quieren tener. Eso, señora ministra, sí requiere socialización y decisión política. Pero es la única salida.