Los lotes

Mientras que el Ministro de Hacienda busca la forma de seguir aumentando la deuda pública, los políticos la de arrancar más recursos al erario para sus contratistas –dinero que luego va a sus propios bolsillos–, y los candidatos la de elaborar ilusas propuestas de rebajar impuestos el mismo día de su posesión, nadie toca el tema de enajenar activos públicos para poner la casa en orden, después de siete años de desgreño y despilfarro ilimitado de nuestros recursos.

El Estado colombiano cuenta hoy con muchos bienes muebles e inmuebles, así como participaciones en lucrativas empresas, y es hora de salir de muchos de ellos, no solo para sanear las finanzas públicas, sino también porque su tenencia es irracional y su enajenación puede producir el equivalente a varias docenas de reformas tributarias. Ello permitirá, durante el proceso, bajar impuestos. Con esto, las empresas instaladas en el país podrán ser competitivas, por lo menos por efecto de una menor carga tributaria.

Dedicaré varias columnas este año a identificar estos activos. Tengo la remota esperanza de que algunos de los responsables del tema lean las propuestas, así sea para descalificarlas. Anticipo que Ecopetrol, lo que queda de banca pública, las participaciones en empresas industriales y comerciales, y muchos inmuebles, serán objeto de este análisis. En esta ocasión, para empezar, hablemos de los terrenos en posesión de las Fuerzas Armadas y la Policía en el corazón de Bogotá.

La Escuela Militar de Cadetes (40 hectáreas), el Cantón Norte (70 hectáreas, sin contar los bosques de los cerros) y la Escuela General Santander (60 hectáreas), se encuentran en las zonas de tierras más costosas, no solo de Colombia, sino posiblemente de América Latina. La friolera de 1,7 millones de metros cuadrados con un valor comercial de por lo menos 20 billones de pesos. Eso ocupan estos terrenos, que sirven para todo menos para el eficiente desempeño de nuestros héroes. Y eso sin contar las casi 100 hectáreas de la base de la Fuerza Aérea en Madrid, cuyo valor comercial podría rondar otros 5 billones de pesos.

Si las FF. AA. lograran reubicar estas guarniciones en tierras más baratas, allí donde realmente recibirían un entrenamiento efectivo (por ejemplo, donde están la minería ilegal, la coca y los bandidos), y fueran vendidos los lotes y las edificaciones, se obtendría el beneficio de una lucha efectiva contra los enemigos internos, pero también se generaría una dinámica virtual de crecimiento ordenado y unos valiosísimos recursos para la Nación y para Bogotá, sin tener que incrementar los impuestos cada 18 meses, como es costumbre en Colombia.

En el Cantón Norte, por ejemplo, se podría liberar la cota superior de la ciudad para ampliar la Avenida Circunvalar y descongestionar todo el norte de la ciudad, permitiendo un acceso adicional a La Calera.Adicional a la venta de los lotes, asegurada por la muy alta demanda en Bogotá, se obtendría importantísimos recursos por los inmuebles, especialmente las residencias de los altos oficiales y las instalaciones educativas, que seguirían teniendo uso luego de un proceso de renovación y saneamiento, en el cual el Estado obtendría una alta ganancia.

Es cuestión de apertura mental y deseos de salvar las (casi) quebradas finanzas del Estado.