Ser pillo paga

No causó conmoción la noticia de que Colombia ocupa el octavo puesto en el Índice Global de Impunidad, de la Universidad de las Américas, de Puebla. El estudio incluye los actos contra la vida, la libertad y la propiedad.

Porque si incluyera otros comportamientos criminales y de desarraigo social, muy seguramente ocuparíamos el primer lugar, como se comprueba con solo observar el entorno y la actitud de los colombianos ante el estado de derecho.

En la campaña política que cierra, las encuestas reflejan que la principal preocupación de los colombianos es la seguridad personal. Parece que cada 4 minutos se comete un delito y que el atraco es la modalidad favorita. Pero también se debe tener en cuenta que apenas la mitad de estos actos es denunciada, porque la gente se acostumbró a la inacción e indiferencia de las autoridades competentes.

Pero los delitos como el robo, las lesiones personales y el asesinato no son los únicos actos que quedan impunes. Dice un estudio de la Universidad Nacional, que en TransMilenio se cuelan 384.000 personas al día. Si este acto fuera tipificado como delito, y lo es, porque es un robo a propiedad pública, se estaría cometiendo no uno cada 4 minutos, ¡sino 267 cada minuto! Y tratar de castigarlo ha costado la vida a varios controladores que tratan de detener o increpar al trasgresor.

Dicen otros estudios que 45% de los vehículos no cuenta con SOAT, y 56% no cumple con la obligación de la revisión técnico-mecánica. Dentro de estos, 75% de las motos (sí, 3 de cada 4) son las que más pesan en el indicador. Pero trate un alcalde de iniciar una campaña para sancionar a los que no cumplen y en pocos minutos su ciudad se verá bloqueada por energúmenos armados, y azuzados desde twitter por el senador cuentabilletes, cuyo único interés es puntear en el ranking en comento.

¿Y qué dicen de los colombianos humanos que van y queman la casa de un comandante de policía, haciéndose pasar por estudiantes? Aunque hay dos capturados, existe una muy alta probabilidad de que pronto estarán libres, porque un juez amigo desestime su “peligro para la sociedad”, o porque el senador les consiga una cita odontológica, pero en un consultorio en un primer piso.

Cuando el general Óscar Atehortúa decida asumir como director general de la Policía Nacional, y entienda que sus indicadores de gestión están resultando más negativos que los de su antecesor, Jorge Nieto, lo cual era improbable, tal vez entienda que los 10,8 billones de pesos que le aprobaron para 2020 deben ser bien utilizados, si quiere producir un cambio en el tema más neurálgico de la actualidad.

Tal vez ordene al comandante de tránsito, el general Carlos Rodríguez, que llene los patios con motos y vehículos sin SOAT ni revisión. Tal vez ordene al director de seguridad ciudadana, general Jorge Luis Vargas, que llene las cárceles y calabozos con hampones armados que hoy deambulan libremente sin ser requisados. Tal vez ordene a la directora de finanzas, la general Yolanda Cáceres, que controle mejor el gasto y evite los robos.

Tal vez, entonces, lograremos bajar la criminalidad y enviar el mensaje de que ser pillo no paga.

Economista