Una actividad en declive
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Ahora que se acerca el momento en el que comenzarán los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc a comienzos de octubre, cobra particular vigencia un informe dado a conocer ayer por el Dane.
En este, la entidad calculó la evolución y el tamaño de lo que técnicamente se conoce como el “enclave de los cultivos ilícitos”, el cual comprende la producción y transformación de los mismos.
En otras palabras, la parte agrícola y la industrial de un negocio que ha dejado profundas heridas.
Dicho trabajo es fundamental cuando se tiene en cuenta que uno de los temas espinosos que serán tratados en las conversaciones con la guerrilla es el narcotráfico.
Y aunque en este caso no hay estimativos sobre el valor de la cadena de comercialización de las drogas ilegales o el lavado de activos, los datos revelados sirven mucho a la hora de analizar el impacto de tales operaciones en la economía.
Sin duda alguna, lo más impactante es constatar que se trata de una actividad en declive.
El Dane afirma que el Producto Interno Bruto del enclave pasó de más de 3,6 billones de pesos en el 2000 a 2,1 billones el año pasado. Como proporción del PIB total, el sector disminuyó del 1,7 por ciento a apenas el 0,3 por ciento en el mismo lapso.
Las causas de ese fuerte descenso son varias. Para comenzar, el área sembrada, que al empezar el siglo ascendía a 163.000 hectáreas, descendió hasta 64.000 en el 2011, de acuerdo con los análisis de las Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, los rendimientos de la hoja de coca han bajado, mientras las incautaciones de material vegetal y procesado muestran una tendencia al alza.En contraste, el resto de la economía ha crecido, lo cual hace relativamente menor el peso de este negocio ilícito.
Por ejemplo, el año pasado tuvo lugar un ligero repunte en la extensión cultivada, pero se estima que los rendimientos ponderados de la cosecha cayeron en más del 6 por ciento.
Adicionalmente, las incautaciones de base de cocaína tuvieron un salto del 37 por ciento, que equivalen al 15 por ciento de la producción potencial.
A lo anterior hay que sumarle que de las 432 toneladas manufacturadas, las autoridades decomisaron 146.
Y la historia no termina ahí. Los precios del clorhidrato a la hora de ser despachado experimentaron una reducción del 1,8 por ciento, a la vez que el costo de insumos como combustibles y ciertos productos químicos subió.
Es decir, se ha producido un importante estrechamiento en los márgenes que debería haber golpeado los ingresos de quienes viven de este emprendimiento criminal.
Lo anterior no quiere decir que el volumen de recursos que se mueven sea despreciable. El monto de las exportaciones de estupefacientes habría ascendido a más de 1,3 billones de pesos el año pasado, en tanto que en el mercado interno se habrían facturado 448.000 millones adicionales, sin contar lo que agregan los intermediarios.
No obstante, el mensaje es que lo que era antes un problema inmenso es ahora uno manejable, y que el peso de las drogas en la economía campesina disminuye.
Tales cifras son importantes a la hora de impulsar estrategias de sustitución de cultivos o de generar nuevas oportunidades en el campo.
También permiten entender el auge de la minería ilegal –particu- larmente en torno al oro–, que ahora es vista como más rentable y exige una respuesta contundente por parte del Estado.
Por tales razones, es importante que los negociadores gubernamentales que tienen una cita próxima en La Habana comprendan que las dinámicas de financiación han cambiado y, por ende, las soluciones requeridas.
Reconociendo que la coca ha sido la fuente de muchas de nuestras dificultades y que es necesario mantener la presión, también es primordial ampliar la mirada a otras actividades ilícitas para que la semilla de la paz pueda crecer en un terreno más propicio.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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