Meta social aún sin alcanzar

El reemplazo gradual del Sisbén por el Registro Universal de Ingresos (RUI) constituye uno de los cambios más ambiciosos que ha emprendido el Estado para identificar a la población y asignar apoyos sociales. La apuesta es pasar de un sistema basado en encuestas y autodeclaraciones a uno sustentado en el cruce masivo de información de decenas de entidades públicas y privadas. La magnitud del esfuerzo es innegable. Ya existen registros de 55 millones de personas y gran matriz que integra más de 1.800 bases de datos territoriales. Sin embargo, la transición revela los desafíos de construir un Estado que aspire a conocer mejor la realidad económica de sus ciudadanos.

Detrás de esta transformación hay una realidad difícil de ignorar. Por años, el Sisbén acumuló problemas de inclusión y exclusión que limitaron su efectividad. Personas pobres quedaban por fuera, mientras otras entraban a categorías que no les correspondían. La dependencia de información autorreportada, la desactualización de datos y la posibilidad de manipular variables minaron la precisión de la herramienta.

La principal fortaleza del nuevo modelo es que permite observar ingresos y condiciones económicas a partir de registros verificables. Además, amplía la cobertura hacia millones de personas que nunca tuvieron incentivos para inscribirse en el Sisbén, especialmente a los trabajadores formales. Esa visión más universal representa un avance relevante para focalizar mejor el gasto público -afectado por una honda crisis fiscal- y hacer que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.

Pero el entusiasmo no debe ocultar las señales de alerta. Que 8,7 millones de personas, el 15,8% de la base maestra, sigan sin clasificación demuestra que la promesa de universalidad todavía está lejos. El comportamiento de los datos evidencia vacíos asociados a grupos poblacionales cuya realidad económica no es fácilmente observable mediante registros administrativos.

Por eso, el éxito del RUI no se medirá por el tamaño de su base de datos sino por su capacidad para reducir errores y fortalecer la confianza ciudadana. Colombia necesita un sistema social más preciso, pero también más transparente.