Con el agua hasta el cuello

 

Justo en momentos en que parecen acumularse las buenas noticias en materia económica, la amenaza de una nueva ola invernal, tanto o más devastadora que la que arrasó con poblaciones, carreteras y cultivos en el último trimestre del año pasado, se cierne como sombra inquietante sobre el panorama nacional.

Al tiempo que las calificadoras de riesgo mejoran la nota de Colombia, que revive el TLC con Estados Unidos y que las apuestas de crecimiento del PIB para el 2011 se elevan hasta el 5,5 por ciento, la temporada de lluvias cobra una fuerza destructiva que puede comprometer las buenas perspectivas.

Las dimensiones del problema que, según los meteorólogos, apenas comienza, pueden medirse en las declaraciones de Juan Manuel Santos mientras visitaba varias zonas afectadas en Manizales. “Esto es apenas el abrebocas de lo que viene -dijo desconsolado el mandatario-. La tragedia invernal no tiene antecedentes en nuestra historia”.

Pero, aunque el Presidente tiene razón, es imperativo decir que la reacción de las autoridades, tanto en la atención y control del desastre de finales del 2010, como en la prevención a la temporada de lluvias iniciada en marzo, ha sido insuficiente. El propio mandatario lo ha reconocido, justificando ese hecho en las dimensiones de la emergencia.

Y aunque ese atenuante debe ser tenido en cuenta, no debe volverse excusa para que la respuesta del Estado siga siendo poco efectiva, como lo ha sido hasta ahora. Para empezar, hay evidencias de imprevisión.

En el caso del canal del Dique, en el sur del Atlántico, cada vez más voces autorizadas culpan de la ruptura del talud, que causó la devastadora inundación de diciembre, a las obras que había contratado Cormagdalena en su momento. Sostienen algunos ingenieros que, al profundizarlo, el canal aumentó de modo considerable su caudal y, en consecuencia, la fuerza de sus corrientes, algo para lo que el talud que existía no estaba preparado.

El enorme boquete abierto fue cerrado con gran esfuerzo a fines de enero. Pero ahora que el rÍo Magdalena ha vuelto a subir, el agua se está filtrando y hay serias amenazas de una nueva y aterradora ruptura.

Algo similar sucede en el caso de las carreteras. Es verdad que la pluviosidad ha sobrepasado registros históricos. Pero también lo es que el atraso del país en materia de infraestructura vial, hace que importantes arterias que son vitales, no sólo para la movilización de personas, sino de productos agrícolas, mineros e industriales, estén a merced del clima y que no haya rutas alternas ni opciones de transporte diferentes como el tren. De lo anterior no se puede culpar al actual Gobierno, pero lo que sí podría esperarse de las autoridades es la presentación de un plan integral, de mediano y largo plazo, para mejorar la situación. Otro tema es de la atención a las víctimas.

Aparte de mercados y del traslado a campamentos y refugios -muchas veces en escuelas que demoraron así el inicio de su año lectivo-, la queja generalizada es que las obras de reconstrucción no asoman y que las poblaciones afectadas -lo mismo en el Atlántico, que en Antioquia, Valle, los santanderes, Huila y muchos departamentos más- no ven soluciones en el horizonte. Hay un explicable temor entre los responsables, que se niegan a contratar a las carreras y prefieren ir lento, pero seguro.

Sin embargo, la angustiosa situación de cientos de miles de colombianos no da espera.  En esa medida, el Gobierno debe conciliar la urgencia, con la necesidad de hacer las cosas bien, pero a la vez, tiene que evitar paralizarse y que los indicadores de gestión de recursos que están disponibles sigan siendo tan bajos. Es verdad, como dice el Presidente, que el desastre no tiene precedentes. Pero así mismo, sin precedentes, debe ser la respuesta del Estado.