Borrón y cuenta nueva
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Una protesta que puede afectar el normal desarrollo de las actividades en una decena de capitales, es la que ha convocado para hoy el sindicato del Instituto de Seguros Sociales (ISS).
Cerca de 3.700 personas, entre las que se cuentan contratistas y funcionarios de planta, se sumarán a las delegaciones de otras organizaciones de trabajadores, con el fin de sentar una voz de rechazo.
El motivo de la queja es la inminente entrada en operación de Colpensiones, la entidad que tendrá a su cargo labores que viene desempeñando el ISS en lo que tiene que ver con la administración estatal del régimen de prima media.
Si bien su nacimiento tuvo lugar en el 2007, el cambio empezó a ganar velocidad hasta hace poco, tras la reforma a la naturaleza jurídica del organismo, que estará sometido a los estándares regulatorios del sector financiero.
La necesidad de una política de borrón y cuenta nueva es indudable. Como consecuencia de la desidia oficial, de la politiquería y de las malas administraciones, el ISS no tenía viabilidad alguna.
Aparte de los episodios de corrupción –que se expresan en 7.000 investigaciones internas al año– y el mal servicio prestado, el atraso tecnológico es dramático, como lo comprueban 60 bases de datos que no hablan el mismo lenguaje.
Los esfuerzos de modernización han fracasado estrepitosamente y la productividad del personal es baja. De hecho, la planta de Colpensiones es de 1.200 funcionarios, una cifra que se considera suficiente para realizar una labor que hoy se adelanta con fallas.
La demostración contundente de esa afirmación son los 1,2 millones de expedientes que se encuentran en trámite, mientras que 900.000 casos individuales aguardan un dictamen.
Ante esa situación, el tiempo de espera para obtener una decisión relacionada con una pensión oscila entre 2 y 5 años.
La impaciencia del público con las demoras o las inconsistencias en las liquidaciones se expresa en recursos.
En el 2010, los derechos de petición ascendieron a 200.000, en tanto que las tutelas sumaron 96.000. Como si eso fuera poco, existen 84.000 procesos judiciales en contra del Seguro Social.
Con tales antecedentes, el desafío que tendrá ante sí Colpensiones no es menor.
Y es que, no sólo se trata de pagarles puntualmente las mesadas a 978.367 jubilados o a sus herederos, sino de desenredar una enorme maraña. Aparte de lo anterior, hay que seguirle la pista a un régimen que cuenta con 6,4 millones de afiliados, de los cuales casi 2 millones son cotizantes activos.
Y a todo lo dicho es necesario agregarle el reto de administrar los Beneficios Económicos Periódicos, un ahorro subsidiado que beneficiará hasta nueve millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo.
Sin desconocer los riesgos inherentes a una transición en la cual hay peligro de pérdida de documentos y de actividades de saboteo, uno de los obstáculos más grandes de la nueva entidad ha sido combatir la guerra sucia en su contra.
Más de un ciudadano ha sido asaltado en su buena fe con el argumento de que viene una privatización, junto a la promesa de que el sistema de prima media tiene sus días contados.
Nada de eso es cierto. De hecho, cientos de miles de personas seguirán recibiendo su dinero en la misma forma de siempre y probablemente no se enteren de la nueva razón social. Pero en medio de la agitación que hay en el país, es fácil pescar en río revuelto.
Ante los palos que se le han tratado de poner en la rueda, a Colpensiones no le queda otro camino que seguir adelante.
Diferentes observadores han advertido lo que está en juego, pero es indudable que si Colombia quiere que disminuya la desigualdad y millones de ancianos cobren una mesada, necesita una entidad que funcione bien y no repita los errores que llevaron al ISS a tener un entierro de tercera.
Ponte al dia.
