¿Buen o mal negocio?
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Dependiendo del interlocutor de turno, la Nación hizo un buen negocio o le volvieron a meter los dedos en la boca.
Así podría resumirse en una frase la polémica que sigue encendida en torno a la prórroga del contrato de Cerro Matoso, la compañía que desde hace tres décadas extrae ferroníquel en inmediaciones de los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador en Córdoba, y que es propiedad de la multinacional BHP Billiton.
De un lado se encuentra el Gobierno, representado por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Según ambas entidades, se lograron compensaciones económicas adicionales para el Estado colombiano que ascienden a 2.300 millones de dólares en valor presente.
Además de lo anterior, hay un compromiso de inversión social en la zona del proyecto que equivale al uno por ciento de las utilidades anuales antes de impuestos, con un mínimo de 2,5 millones de dólares.
En lo ambiental se trata de actualizar e integrar las autorizaciones existentes, mientras que en lo que hace a inversión se habla de un aumento del 50 por ciento en la capacidad de procesamiento de mineral, para tener el derecho a que la vigencia del contrato llegue hasta 2044 y no expire en el 2029.
En contraste, los críticos de lo sucedido, entre quienes se encuentran el senador Jorge Enrique Robledo y un buen número de parlamentarios cordobeses, dicen que lo hecho genera muchas dudas.
“En el alto gobierno de Juan Manuel Santos todos trabajan con rodilleras cuando tratan con las trasnacionales mineras”, dijo ayer en un trino por Twitter el congresista del Polo Democrático.
Los ataques se concentran en términos específicos de la negociación, como el haber renunciado a la reversión de los activos a cambio de un arriendo descrito como “irrisorio” o al aumento de “apenas” un punto en las regalías, puesto que no es seguro que estas puedan pasar del 12 al 14 por ciento.
Como si eso fuera poco, lo acordado en materia ambiental, laboral o de salud sería insuficiente, mientras que queda pendiente la denuncia hecha por la Contraloría, en el sentido de que Cerro Matoso adeuda 63.000 millones de pesos por cuenta de una mala liquidación de regalías de años previos.
Tales sindicaciones han calado en la opinión. En un país que cree que sus funcionarios son poco capaces a la hora de defender los intereses nacionales, extender la sombra de duda sobre lo negociado es muy rentable, políticamente hablando.
Por tal motivo, la única salida posible a la hora de aclarar el tema es celebrar todos los debates que sean necesarios y responder con la mayor claridad posible a las críticas.
De forma paralela, vale la pena invitar a los organismos de control a que se pronuncien sobre lo sucedido.
También, la academia debería hablar, ojalá estableciendo que cualquier análisis necesita tener en cuenta la realidad del mercado internacional del níquel, cuyo futuro no es del todo despejado debido a la llegada de nuevos proyectos y el cambio tecnológico.
Sin embargo, cualquier ciudadano interesado puede comenzar por examinar las precisiones que ha hecho la ANM.
De estas se desprende que en las críticas abundan verdades a medias y juicios de valor.
Junto a esa labor de estudiar la evidencia, también vale la pena tener en cuenta que más de una acusación tiene un tufillo ideológico o un sabor a revanchismo, ante la incapacidad de los barones electorales cordobeses de involucrarse en un proceso del resorte del Ejecutivo.
De tal manera, a la postura de atacar la presencia del capital extranjero en la explotación de los recursos naturales, se suma la de quienes ven a Cerro Matoso como poco más que un botín, en uno de los departamentos más pobres y desiguales del país.
En consecuencia, es legítimo pedir que no quede una pregunta sin respuesta, pero también hay que desconfiar de quienes, al tocar la cuerda del nacionalismo, hacen afirmaciones que no siempre son ciertas.
Ricardo Ávila Pinto
Ponte al dia.
