A cerrar otra vena rota
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Desde hace un tiempo diferentes analistas han expresado su preocupación por el uso creciente del mecanismo de las vigencias futuras, que fue utilizado de manera particularmente generosa por el Gobierno de Álvaro Uribe para impulsar, sobre todo, su plan de infraestructura.
Ese ejemplo, a su vez, fue seguido por departamentos y municipios con tal asiduidad que empezó a poner en entredicho la estabilidad de diversas regiones. Según los cálculos disponibles, a la fecha se hallan comprometidos 22 billones de pesos, una suma enorme que demuestra la popularidad de una práctica que ha sido cuestionada tanto por el Consejo de Estado como por la Contraloría General de la Nación.
Debido a ello, parte de esos recursos se encuentran en una especie de limbo.
A primera vista, el esquema parece razonable y es usado en un buen número de países. Es conocido que diferentes emprendimientos tardan varios años en ejecutarse y bajo esa realidad suena justificable ajustar los desembolsos al ritmo de las obras.
El caso típico es el de una carretera cuya construcción trasciende la de un periodo de gobierno y que necesita para salir adelante un compromiso de largo plazo.
El problema es cuando el sistema se emplea para otras cosas. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el Valle del Cauca, durante la gestión del hoy destituido gobernador Juan Carlos Abadía. Amparado en una ordenanza general de la Asamblea departamental, el mandatario comprometió ingresos futuros por 1,5 billones de pesos para pagar gastos presentes.
En términos prácticos eso acabó siendo equivalente a contratar créditos por debajo de la mesa, con el problema de que la tasa de descuento usada tiende a ser mucho mayor que la que cobra un banco, sin hablar de la posibilidad de corruptelas en todo el proceso.
Afortunadamente, más de dos terceras partes de las obligaciones mencionadas se han podido desmontar, pero el mensaje es que existen venas rotas que se deben cauterizar a lo largo y ancho de la geografía colombiana.
En tal sentido, hay que celebrar la presentación que hizo ayer el Ministerio de Hacienda de un proyecto de ley que viene con mensaje de urgencia y que, de ser aprobado en el Congreso, le pondría una camisa de fuerza a las vigencias futuras.
Con tan solo dos artículos, la iniciativa fija parámetros claros para su uso y determina que sólo pueden ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y gasto público social, siempre y cuando cumplan con requisitos adicionales.
Además, deja en claro que en el último año de gestión de un gobernador o alcalde no será posible abrir esta puerta, a menos que los fondos estén involucrados con un proyecto específico en el que participen instancias del orden nacional, entre otras restricciones.
Ahora falta ver qué tanto ambiente hay en el Capitolio para apretar las clavijas en este caso.
De un lado, están quienes reconocen que no le pueden atar las manos a los próximos mandatarios municipales y regionales, muchos de los cuales van a encontrar que su margen de maniobra va a estar muy limitado en los siguientes años.
Del otro, están los que han usufructuado un sistema que permite capturar rentas de una vez y ‘patear’ hacia adelante los problemas que aparezcan por el uso y el abuso. Sin embargo, es de esperar que la fortaleza de la bancada cercana a la Casa de Nariño opere en este caso, a pesar de que muchos de sus integrantes hayan impulsado las prácticas que ahora quedarían proscritas.
Al tiempo que eso ocurre, sería también deseable que el Gobierno actual tenga un margen de maniobra más estrecho a la hora de pensar en las vigencias futuras.
Los excesos de su predecesor, que dejó una cuenta que asciende a más de 33 billones de pesos que será pagadera a lo largo de los próximos 15 años, muestran que en este tema es mejor la disciplina impuesta, para evitar caer en tentaciones cuando llegue la época de las ‘vacas flacas’.
Ponte al dia.
