¿El cierre de la brecha?
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
La información según la cual Colombia superó por fin los mil kilómetros en dobles calzadas el año pasado y tiene como meta en el 2013 sumar 300 kilómetros más, enciende una luz de esperanza sobre la marcha de una locomotora fundamental para el desarrollo. Nadie pone en duda que una buena infraestructura es crítica para romper los cuellos de botella que afectan la competitividad de los productos nacionales.
Además, una mayor actividad en este frente serviría para impulsar la economía, justo cuando soplan los vientos de la desaceleración.
Sobre el papel, todo está dado para que las cosas funcionen.
El viernes pasado, en La Lizama (Santander), Juan Manuel Santos reiteró que en pocos meses se abrirán licitaciones por 40 billones de pesos concentrados en iniciativas viales, una suma sin precedentes. Aparte de lo anterior, hay que mencionar la recuperación del río Magdalena, que se definiría en marzo, a lo que se agrega lo que le corresponde al Invías y a los planes en rutas terciarias y mantenimiento.
No se puede terminar la lista sin hablar de las asociaciones público-privadas que han generado una lluvia de propuestas, algunas de las cuales comenzaron su trámite.
Bajo esa perspectiva, nos encaminamos hacia el cierre de una enorme brecha, lo cual, además de justo, es necesario.
Según los más diversos indicadores, Colombia se encuentra en la retaguardia de economías emergentes comparables en esta materia.
n trabajo reciente de Fedesarrollo sostiene que el déficit vial, entre carreteras pavimentadas y no pavimentadas, asciende a casi 45.000 kilómetros. Y en lo que hace a dobles calzadas, necesitaríamos cuadruplicar la extensión actual, si queremos equipararnos con Chile.
En tal sentido, la entidad sostiene que debemos llevar la inversión en este campo –incluyendo puertos y ferrocarriles– al equivalente del 3,1 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual implica multiplicar por tres el esfuerzo de años pasados.
Si se cumple dicho presupuesto, los kilómetros pavimentados llegarían a 44.335 en el 2020, en comparación con 12.979 en el 2009.
El problema es que para que todo eso suceda, se necesitan una serie de reformas adicionales a las ya hechas.
Dentro de estas se destacan la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, la adopción de políticas más estrictas a la hora de definir proyectos y la profesionalización del Ministerio de Transporte.
Sin embargo, hay obstáculos importantes que prevalecen.
El tema de la compra de predios es un dolor de cabeza, al igual que las consultas con las comunidades indígena y afrocolombiana, que se han prestado para todo tipo de abusos.
El manejo de las redes de servicios públicos es otro lío, al igual que la entrega de licencias ambientales, pues no siempre los criterios utilizados son los mismos.
Eso para no hablar de los enredos heredados del Gobierno anterior, que amenazan con demorar más de una iniciativa.
También hay vacíos institucionales que merecen ser llenados y fueron identificados por la Comisión de Infraestructura que entregó sus conclusiones en octubre.
Es de esperar que las recomendaciones hechas no caigan en terreno estéril, así en algunos casos su puesta en marcha se demore algún tiempo.
La necesidad de fortalecer al sector, incluyendo el uso de la Financiera de Desarrollo Nacional para facilitar la estructuración de proyectos y la creación de una Comisión de Regulación de Transporte que dicte reglas de juego, es urgente.
Solo con una buena arquitectura será posible mantener el rumbo en el largo plazo y garantizar que la actividad reciba más fondos, como los que pueden aportar los fondos de pensiones.
En conclusión, lo que viene este año es muy bueno, pero se requiere hacer mucho más.
De lo contrario, sigue latente el peligro de que los atrasos en las obras y la falta de condiciones propicias para la inversión sean la norma y no la excepción.
Y ese es un costo que Colombia no puede seguir pagando.
Ricardo Ávila Pinto
Ponte al dia.
