La crisis del Incoder

“Juan Manuel Ospina salió de la dirección del Incoder por falta de velocidad, falta de gestión y falta de gerencia”. Estas palabras, que algún desprevenido podría atribuir a un líder de la oposición, provienen ni más ni menos que del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

No impactan solamente porque el titular de la cartera de asuntos agrarios se refiera en esos términos a quien fue su subalterno de mayor confianza durante casi 20 meses, sino porque se trata –o se trataba– de dos grandes y viejos amigos y coterráneos.

Pero más allá de las consideraciones de cercanía personal, que en nada deben pesar a la hora de administrar asuntos de Estado, el cúmulo de confusas informaciones que han salido a relucir en las horas que siguieron a la renuncia de Ospina, son indicio de un panorama preocupante en la cúpula de las entidades que tienen a su cargo la política de tierras del Gobierno.

Si bien el Incoder no es el directo encargado de la ejecución de los programas de restitución de las fincas y parcelas que los grupos violentos les arrebataron a sus legítimos dueños, bandera central del presidente Juan Manuel Santos, no hay que olvidar que esa entidad tiene la potestad de ejecutar medidas administrativas complementarias muy importantes en los procesos de restitución, como decretar nulidades de las compras mal habidas, algo sin lo cual la Unidad del Ministerio en materia de Restitución, difícilmente puede avanzar.

Las declaraciones del funcionario saliente, que insinúan que él no sentía un verdadero compromiso de Restrepo con algunos planes del Incoder, pues en sus palabras “el Ministro no se la jugó con la entidad”, sólo ayudan a aumentar la inquietud.

Hay evidencia, además, de que hubo peleas internas e incluso de que algunos subalternos del Incoder se brincaban a Ospina para entenderse directamente con el titular de la cartera de Agricultura. Las informaciones apuntan a que había ganado mucho poder la subdirectora de tierras de la entidad, Jennifer Mojica, quien sin embargo -o quizás porque esas informaciones trascendieron- no sonó como reemplazante de Ospina. Y a propósito del reemplazo, lo ocurrido es prueba adicional de que no está claro dónde está el piloto en la política de tierras.

El jueves en la mañana, el Ministerio confirmó a los medios que el nuevo director sería Alejandro Reyes, hasta ahora asesor de Restrepo en estos asuntos. Pero en la tarde, fuentes de la Casa de Nariño negaron que esa designación fuera un hecho. 

Es sabido que Palacio tiene como candidata a Miriam Villegas, experta en temas de tierras -como que ha trabajado en ese frente con el padre Francisco de Roux-, pero que hay algún problema con los requisitos académicos que, a pesar de su experiencia, no se adecúan de manera exacta a los exigidos para el cargo. 

Sin establecerse aún cómo termine este último punto, lo que queda claro es que en un frente que el propio Presidente ha considerado fundamental para el desarrollo de su plan de Gobierno, no puede presentarse un desorden de estas proporciones.

Desorden que de pronto se puede agravar en vez de solucionar si el Gobierno avanza en la idea de nombrar un alto consejero para la restitución, pues sería no sólo una nueva oficina sino otra figura en el elenco, algo que no contribuiría a lograr los dos objetivos que son urgentes: primero, poner orden; y segundo, unificar las políticas y el mando, para poder reponer el tiempo perdido hasta ahora.

Finalmente, es indudable que la política de tierras tiene enemigos fuera de la administración, los cuales incluyen a grupos violentos que han asesinado a un buen número de líderes campesinos indefensos.

Los tropiezos institucionales acaban de manera indirecta cayéndole como anillo al dedo a esos oscuros intereses. Esa es otra razón poderosa para solucionarlos cuanto antes.