El desangre de Caprecom

Ayer, con la renuncia de un director que duró dos meses en el cargo, volvió a estallar otra crisis en la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), una entidad que nació en 1912 y que a punto de celebrar un siglo de existencia se encuentra en su encrucijada más difícil.

Desde hace más de una década, voces de expertos y no expertos han advertido sobre los gravísimos males que aquejan a la institución, la única EPS que tiene capital 100 por ciento público y cuenta con cobertura nacional.

La misma que está encargada de la salud de los más pobres, sobre todo en las regiones más apartadas del país.

Hace algo más de dos meses la Superintendencia Nacional de Salud la sometió a un proceso de vigilancia especial, ante un crítico diagnóstico soportado en cifras irrefutables: el margen de solvencia en septiembre del 2010 mostró un valor negativo cercano a los 440.000 millones de pesos y deudas por 680.000 millones, de las cuales el 76 por ciento era superior a los 90 días.

Como si lo anterior fuera poco su nivel de ineficiencia fue descrito como alto, pues se estimó que por cada peso en caja debía 314.

Pero las advertencias, ni las voces de alarma, ni el sombrío balance de un organismo que vive al borde de la inviabilidad financiera, han logrado que se tomen las acciones debidas para mejorar su situación.

No es exagerado decir, a estas alturas, que la salud de cerca de 3,1 millones de afiliados, la mayoría pertenecientes a los estratos populares, corre un riesgo inminente.

Quienes conocen del tema saben que la entidad no goza de estabilidad administrativa, toda vez que en lo que va corrido de este Gobierno ha tenido tres directores. En materia laboral, la situación no es mejor, ya que sólo medio millar de funcionarios están debidamente vinculados a la nómina.

Caprecom funciona, en contra de las directrices oficiales, con 8.000 personas vinculadas a través de Cooperativas de Trabajo Asociado.

Para completar, su junta directiva, de la que hacen parte los ministros de Salud, de Protección Social y de las Tecnologías de la Información, no se ha reunido, en los últimos meses, pese a la situación de emergencia.

Y la historia no termina ahí.

Hace once días sus trabajadores se declararon en asamblea permanente, lo que ha alterado todavía más la prestación de servicios a los afiliados. Para no ir más lejos, las citas prioritarias se están otorgando a dos semanas; la escasez de los insumos mínimos para atender a los pacientes es notoria, y los acreedores no dan más espera.

No es gratuito que Caprecom sea, por cuenta de sus deudas, una de las causas principales de la grave crisis hospitalaria.

A esto se llegó por muchos factores, dentro de ellos la ineficiencia y el hecho grave de que le hubieran asignado funciones que no le corresponden, como encargarse de la administración de hospitales en liquidación, incluyendo los antiguos del Seguro Social; ser el responsable operativo de las intervenciones en los servicios de salud en Chocó y San Andrés; de la salud de los presos del país, de la población pobre de Medellín y de los desamparados a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras.

Vale decir que estas operaciones se tradujeron en pérdidas enormes que se acumularon con el tiempo.

A lo anterior se se suma el secreto a voces de que Caprecom es un fortín burocrático de vieja data, que se disputan grupos políticos que, incluso, la utilizan como el tinglado de enfrentamientos regionales, como el actual. Esa sería la razón tras la renuncia de Juan Carlos Botero a la dirección de la EPS, quien, al parecer, no ha podido maniobrar dado que sus cuerpos directivos le han sido impuestos desde afuera.

Por tal motivo, más vale que el Gobierno tome cartas en el asunto.

Hay que aceptar que, por escandalosa que sea la situación de Caprecom, por la que nadie parece interesarse, es el reflejo de lo que pasa con el sistema de salud.