En la dirección correcta

El desarrollo regional es uno de los desafíos más cruciales para la Colombia contemporánea. Dado que las diferentes zonas del país parten de niveles muy variados de capital humano, capacidad institucional, recursos naturales y dinamismo económico, no hay fórmula única para lograr este objetivo. En sus dos años de mandato, la administración Santos ha desplegado en distintos frentes un abanico de políticas, como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que buscan transformar las relaciones entre el centro y la periferia.

Dentro de esta, y del Plan Nacional de Desarrollo, se contemplan diferentes mecanismos de coordinación entre Bogotá y los territorios para la promoción de proyectos. Una de las herramientas nuevas es el contrato-plan. Diseñados como “acuerdos de voluntades”, buscan concertar, de la mejor manera, los recursos y las responsabilidades de ministerios, departamentos, municipios y hasta corporaciones ambientales para impactar varios entes territoriales.

Hace dos semanas, Juan Manuel Santos y los gobernadores de Antioquia, Córdoba y Chocó firmaron por primera vez un acuerdo de este tipo. El contrato-plan del Atrato-Gran Darién constituye no solo una apuesta interinstitucional orientada a una región apartada, sino también el arranque de una novedosa relación entre la capital y otras zonas. Son 25 municipios –11 antioqueños, siete chocoanos y siete cordobeses– que recibirán aproximadamente un billón de pesos para inversiones de mediano plazo en seis áreas estratégicas.

Los nombres de algunos de estos pueblos traen a la memoria tanto una difícil situación de pobreza como un trágico protagonismo en el conflicto armado: Apartadó, Turbo, Bojayá, Ríosucio, Tierra Alta, Valencia, entre otros. Y lo más triste de todo, en medio de una ubicación estratégica, costera y limítrofe, que es la cuota inicial para el desarrollo. Con dos partes del monto desembolsados por la Nación y el otro tercio por los departamentos citados, el pacto incluye inversiones en salud, educación, vivienda, atención a los más pobres, proyectos agropecuarios y turísticos. Asimismo, enumera iniciativas específicas en infraestructura como carreteras, muelles y la reparación de los aeropuertos de Acandí y Ríosucio.

No son pocos los factores que conspiran para que los contratos-plan fracasen. La desconfianza de las entidades del Gobierno Central frente a las capacidades, y hasta la honestidad, de los actores locales en el manejo de estos millonarios recursos es alta. El tránsito de diseñar proyectos sectoriales y municipales a iniciativas interdisciplinarias y regionales tampoco es sencillo. Seguramente habrá necesidad de ajustes y el aprendizaje de los funcionarios será lento. La coordinación entre esos niveles constituye un reto técnico y administrativo, así como la definición de prioridades locales dentro de un déficit grande de avances y expectativas.

Pero la apuesta de la nueva herramienta es ambiciosa y merece un compás de espera para poder evaluar sus resultados. También es crucial para el avance de los proyectos el liderazgo que desplieguen los tres mandatarios regionales. Sobre los hombros del gobernador antioqueño, Sergio Fajardo, del cordobés, Alejandro Lyons, y del chocoano, Luis Gilberto Murillo, reposa buena parte del empuje inicial y del respaldo político que blinde al contrato-plan de dificultades como las mencionadas anteriormente. Por su parte, el sector central, en cabeza de Planeación, tiene la misión de fortalecer en materia técnica este esfuerzo, así como de escuchar y concertar las preocupaciones locales.

En otras cinco regiones del país se están adelantando experiencias similares: norte del Cauca, Arauca, Boyacá, sur del Tolima y Nariño. Los cambios que implican estas nuevas herramientas de desarrollo en materia de diseño de proyectos y de coordinación entre niveles de gobierno no deben asustar, sino motivar. Si bien no es la fórmula mágica para el desarrollo territorial en Colombia, sí es un paso en la dirección correcta.