Doce meses después

El próximo domingo se cumple un año desde aquel 28 de abril del 2018, cuando los técnicos que trabajaban en la construcción del proyecto Hidroituango detectaron que uno de los túneles que servían para desviar las aguas del río Cauca había tenido un taponamiento. Lo que en un comienzo se consideró como un impasse temporal, habría de convertirse en una emergencia de inmensas proporciones que puso en riesgo la viabilidad de la planta de generación de energía de mayor tamaño en la historia de Colombia y afectó el bienestar de decenas de miles de personas.

Aunque la situación de alerta continúa, lo peor de la crisis quedó atrás. Escenarios catastróficos como el derrumbamiento de la presa o el colapso de la casa de máquinas se desvanecieron gracias a las acciones adoptadas. Muchos hicieron más de lo que les correspondía, incluyendo a operarios que arriesgaron su integridad en los momentos más difíciles. Decisiones tomadas bajo una gran presión, acabaron siendo las correctas. Y lo más importante de todo es que no se perdió una sola vida humana, ni de trabajadores, ni de las comunidades ribereñas.

Lo anterior no quiere decir que el evento haya sido de orden menor. En el caso de EPM, los analistas consideran que el costo de lo sucedido ascenderá a siete billones de pesos, distribuidos entre los ingresos que se dejarán de percibir frente al cronograma original, el valor de la reconstrucción y los programas de mitigación aguas abajo. Si bien hay reclamaciones de seguros en curso, la empresa verá mermadas sus capacidades tanto para ampliar su radio de operaciones como para girarle dividendos a Medellín.

A pesar de las ayudas entregadas, lo ocurrido dejó secuelas en los pobladores de la zona. Fuera de la zozobra inicial está la afectación de la economía local, justo en un punto de la geografía en donde la ilegalidad y las bandas criminales hacen presencia. Recuperar la tranquilidad en el área, demandará esfuerzos en el ámbito nacional y regional. Tampoco se pueden pasar por alto los daños ambientales, notorios en el caso de la flora y la fauna.

Por otro lado, vale la pena evaluar el rol de diferentes actores. En lo que atañe a autoridades y dirigentes, la mayoría mantuvo la cabeza fría y apoyó a las instituciones. No faltaron, claro, los que buscaron pescar en río revuelto como el Gobernador de Antioquia o uno que otro aspirante a los cargos que se disputan en las elecciones de octubre, cuya prioridad era lograr votos a toda costa. Abundaron, así mismo, expertos de última hora, ingenieros sin título y desinformadores de oficio que pronosticaron lo peor.

Mención especial merece el rol de los órganos de control que otra vez demostraron que la rigurosidad, que debería ser obligación, pasa a un segundo plano cuando se trata de conseguir titulares o congraciarse con la opinión pública. El ejemplo de la Fiscalía, que denunció la presencia de buchón de agua en parte de la superficie del embalse, es ilustrativo. Al ente acusador se le pasó por alto que la licencia ambiental prevé su aparición y que las hectáreas existentes están entre lo permitido.

La necesidad de encontrar culpables, así los estudios técnicos demuestren que la confluencia de imprevistos causó la emergencia, puede convertirse en un obstáculo en el futuro cercano. Más allá de que es necesario un juicio de responsabilidades serio y sacar lecciones que deberían servir en la ejecución de otras obras de envergadura, eso es distinto a poner a funcionarios de diverso nivel en entredicho o sancionar a diestra y siniestra.

A fin de cuentas, la hidroeléctrica no está terminada y hay que acabarla antes del 2021. Esa labor requiere concentración y dedicación, que será difícil si viene una avalancha de acusaciones y pliegos de cargos, para satisfacer a la galería.

Ricardo Ávila Pinto 

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto