Nos robaron la salud

La denuncia de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), con más de 1.500 muertes en lo corrido de 2025, encendió las alarmas. No es una cifra fría ni un debate técnico: son vidas truncadas por la desidia de un sistema que se desangra entre el subfinanciamiento, la inestabilidad institucional y la manipulación política.

Mientras el Ministerio de Salud insiste en que la mortalidad ha disminuido, los médicos y las familias viven otra realidad: tratamientos interrumpidos, medicamentos escasos, hospitales sin recursos y trabajadores agotados.

El problema no es coyuntural, es estructural. La Corte Constitucional, mediante los Autos 007 y 504 de 2025, declaró el incumplimiento del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y ordenó al Gobierno (Salud y Hacienda) recalcular su valor con base en datos reales de siniestralidad, frecuencia y costo. La Corte fue clara: la salud se financia con cifras, pero se garantiza con decisiones. Sin embargo, esas órdenes siguen sin cumplirse y la insuficiencia de la UPC se ha convertido en la fuente silenciosa del colapso. Los hospitales no tienen flujo, las EPS intervenidas cambian de manos sin rumbo y el talento humano trabaja con sueldos atrasados y contratos precarios.

A eso se suma una cartera hospitalaria que supera los $14 billones y un clima político que agrava la crisis. En lugar de corregir, el Gobierno ha optado por forzar una reforma “a la brava”, despreciando el diálogo técnico y descalificando a quienes piden soluciones. Se repite una consigna que suena heroica, #NosRobaronLaSalud, pero se vuelve irónica cuando quienes la pronuncian son los responsables de protegerla.

Por supuesto que ha habido corrupción y malos manejos en el sistema. Los entes de control deben seguir investigando y sancionando a los responsables. Pero tanto la Contraloría como la Procuraduría, la justicia y los análisis independientes han coincidido: los problemas estructurales no nacen de esos casos aislados, sino del diseño financiero y de gestión. Del incumplimiento de las sentencias, del desfinanciamiento crónico, de la improvisación y de la falta de escucha a quienes sostienen el sistema día a día.

Y sí, nos robaron la salud, pero no sólo con decretos o recortes: también con indiferencia. Nos la robaron al dejar de escuchar a los pacientes, a los médicos, a los científicos, a los gremios y a los jueces. Nos la robaron cuando confundimos gobernar con imponer y el derecho a la vida con una batalla ideológica.

Hoy no hablamos de pérdidas fiscales, sino de vidas que pudieron salvarse. De niños sin medicamentos, de madres que esperan una cita que nunca llega, de médicos que se van del país porque ya no creen que su esfuerzo valga la pena. Lo que empezó como una crisis presupuestal terminó siendo una crisis moral. Porque cuando un Estado ignora las advertencias, desacata a la Corte y calla ante la muerte evitable de sus ciudadanos, deja de ser garante y se convierte en cómplice.

Este editorial no es un alegato contra el cambio, sino un llamado a la sensatez. Reformar sí, destruir no. Los colombianos merecen un sistema que funcione, con reglas claras, cuentas sanas y respeto por la vida.

Colombia no necesita más gritos, sino oídos. Escuchar al paciente que suplica, al médico que advierte y al juez que ordena es el primer paso para sanar. Si el poder no escucha, el país se enferma. Y cuando hay que suplicar por vivir, es que la salud, como la confianza, ya nos la robaron.

JAIME PUMAREJO HEINS

e-mail: japuma@portafolio.co

Intsagram: @jaimepumarejoheins

X: @jaimepumarejo