El daño está hecho, Editorial

Cientos de pymes replantean operaciones, con el riesgo de cierres definitivos o tránsito a la informalidad.

Director de Portafolio20.01.2026 11:51 Actualizado: 20.01.2026 11:51

El aumento del 23% en el salario mínimo decretado para 2026 abrió un debate obligado sobre los efectos que esta decisión tendrá en la sostenibilidad del empleo formal.

Aunque el propósito de fortalecer el ingreso de los trabajadores es legítimo, la magnitud del ajuste generó un choque inmediato sobre los costos laborales de las empresas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y con márgenes operativos reducidos.

Las proyecciones no son alentadoras: distintas estimaciones empresariales y de centros de investigación calculan pérdidas progresivas superiores a los 700.000 empleos formales, con afectaciones más severas en actividades profesionales, comercio, gastronomía, construcción, manufactura y entretenimiento.

Este panorama refuerza las tesis de que la discusión no puede limitarse a si el aumento era necesario, sino a cómo gestionar sus consecuencias para evitar que la medida termine perjudicando a quienes buscaba beneficiar. El golpe no solo es producto del salario básico.

La reforma laboral que entró en vigencia en 2025 amplificó el costo de la nómina a través de recargos, dominicales, horas extra y nuevas obligaciones prestacionales. Ahora, en la práctica, varias empresas del sector gastronómico reportan incrementos cercanos al 30% en sus costos laborales, mientras proveedores y cadenas de abastecimiento trasladan parte de sus mayores costos a los precios que paga el consumidor.

La suma de estas presiones está acelerando la automatización, reduciendo turnos nocturnos y llevando a cientos de pymes a replantear sus operaciones, con el riesgo de cierres definitivos o tránsito hacia la informalidad.

Sectores altamente regulados, como la vigilancia privada, enfrentan un dilema complejo: sus tarifas están indexadas al salario mínimo, lo que implica un encarecimiento obligatorio del servicio sin posibilidad real de ajustar la operación.

Esto no solo presiona sus márgenes, ya de por sí limitados, sino que empuja a muchos usuarios a buscar esquemas más baratos pero riesgosos, elevando la vulnerabilidad para empresas y hogares.

El comercio, por su parte, ya da por descontados los recortes de personal, eliminación de contrataciones estacionales y ajustes en horarios. Incluso sectores tradicionalmente sólidos muestran preocupación por la imposibilidad de trasladar todo el aumento al consumidor sin afectar la demanda.

En este contexto, la pérdida de competitividad de las Mipymes es una alerta mayor, pues son ellas las que sostienen buena parte del empleo formal. Con este impacto creciendo, el país necesita una conversación más amplia y técnica sobre la política salarial.

Es hora de avanzar hacia un sistema que incorpore productividad sectorial, ciclos económicos y formalización, evitando que decisiones medidas como la de este año generen distorsiones profundas.

También se requieren incentivos a la renovación tecnológica, alivios temporales para pymes y una estrategia clara para moderar los costos no salariales, que siguen siendo una barrera crítica para la contratación. El reto no es menor: proteger el ingreso de los trabajadores sin destruir el empleo que lo hace posible.

Para lograrlo, es preciso dejar de lado los debates polarizados y apostar por una agenda pragmática, construida con datos y visión de largo plazo, más allá de las conveniencias políticas.

Solo así será posible hacer del aumento del salario mínimo un motor de bienestar, y no convertirlo en un detonante de desempleo y cierre de unidades productivas.

JAIME PUMAREJO HEINS

japuma@portafolio.co

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