El flagelo persiste

No obstante, varias encuestas abordan aspectos cruciales para la comprensión de este fenómeno como los sobornos de los empresarios a los funcionarios públicos, las percepciones de los ciudadanos y la ausencia de procedimientos diáfanos de contratación con el Estado. Algunos estimativos hablan de 4 billones de pesos al año los recursos públicos desviados por este flagelo y hay quienes mencionan sumas mayores. En trabajos a cargo de entidades como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, el país no sale bien librado.

En la reciente publicación del Índice de Percepción de Corrupción se repitió la misma historia. De hecho, con resultados más preocupantes. En este reporte, liderado por Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 94 de 176 países evaluados.

El indicador, producto de siete encuestas y evaluaciones de empresarios y expertos, refleja un alto nivel de opinión del sector público nacional como corrupto. Dentro del grupo de 32 países del hemisferio occidental, el nuestro queda dentro de los menos transparentes. Chile, Uruguay, Brasil, Panamá y Perú obtuvieron mejores puntajes.

Lamentablemente, hay que decir que tal panorama no sorprende a nadie. Ninguna rama del poder público se salva de este cáncer social. El Gobierno Nacional, el Distrito Capital, alcaldías y gobernaciones, así como la administración de Justicia, los congresistas y los organismos de control, resultan de manera constante involucrados en escándalos de corrupción. Mafias de contratistas han construido emporios, desviado dineros públicos e inflado cuentas bancarias a punta de mangualas con políticos en una captura del aparato estatal a su beneficio. Lo anterior ha generado un rechazo del ciudadano de a pie, que se refleja en los peores índices de respaldo a las instituciones en mucho tiempo.

Además de la pérdida de confianza, las prácticas corruptas como pagos ilegales, favoritismos políticos en las licitaciones, nepotismo y abuso de poder, golpean el dinamismo del mercado y las variables macroeconómicas.

Al generalizarse una relación contaminada entre el sector público y los empresarios, los costos de los proyectos se disparan y la incertidumbre impide la proyección en los negocios. Potenciales inversionistas extranjeros identifican rápidamente estos sobornos a los funcionarios estatales como un factor desestimulante a la hora de traer sus proyectos a Colombia.

Otro aspecto a tener en consideración es la enorme brecha entre la normatividad contra la corrupción y la falta de sanciones ejemplares. El impulso de reformas destinadas a fortalecer la lucha contra este fenómeno se choca con una gran percepción de impunidad. Brillan por su ausencia no solo los cambios esperados después de la aprobación de tantas herramientas, sino también la celeridad en el castigo de los casos más emblemáticos. En últimas, el mensaje social es contundente: ser corrupto paga.

Es justo afirmar que la responsabilidad de combatir este flagelo no corresponde única y exclusivamente al Estado. El sector privado es un actor indispensable en cualquier estrategia anticorrupción ya que protagoniza las “mordidas” y los esquemas fraudulentos de contratación que se han destapado en años recientes. Los organismos de control y la rama judicial necesitan no solo agilizar las investigaciones y las denuncias, sino también depurarse internamente de sus propias prácticas opacas.

La persistencia, la extensión y la profundidad de los actos de venalidad en Colombia constituyen tanto un cáncer que carcome el tejido social como un freno de mano a la inversión y al desarrollo económico.