Funcionarios al tablero
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Tradicionalmente, los empleados públicos en Colombia no han gozado de la mejor imagen.
Para el grueso de la ciudadanía se trata de una masa de funcionarios que no es particularmente efectiva en su labor y que ha llegado a sus cargos gracias a la recomendación de algún barón electoral o parientes y amigos bien colocados.
A la luz de esas percepciones, resulta particularmente útil el trabajo que dio a conocer el Dane ayer, referente a un importante volumen de encuestas aplicado para medir el ambiente y el desempeño institucional en entidades del orden nacional.
El estudio, que se viene haciendo desde hace varios años, tuvo como objetivo en esta oportunidad un universo de 52.995 servidores, de los cuales 18.975 respondieron el cuestionario entre agosto y septiembre del 2012.
Así se pudo establecer que la distribución entre hombres y mujeres es muy similar, que 13 por ciento de los empleados pertenece al nivel directivo o de asesor, que 58 por ciento son profesionales o técnicos y que el 28 por ciento entra dentro de la categoría de asistentes.
Así mismo, es interesante encontrar que la proporción mayoritaria de la gente (36 por ciento) lleva más de 16 años vinculada al gobierno, mientras que quienes han estado menos de 6 años representan el 35 por ciento.
Pero quizás más llamativo todavía es que los sondeados tienen una elevada percepción de su conducta.
De tal manera, 88 por ciento considera que vela por el uso correcto de los recursos públicos, mientras que 90 por ciento opina que facilita el control social de la ciudadanía, y al mismo tiempo respeta y sigue las normas.
En lo que hace a la prevención de prácticas irregulares, 97 por ciento dice que reportaría algo fuera de lo normal porque es su deber. Sin embargo, un 64 por ciento lo haría porque confía en que no se tomarán represalias en su contra y un 69 por ciento porque cree que la denuncia se mantendrá bajo reserva.
A la hora de hablar sobre el tema, 51 por ciento se sentiría muy seguro si se dirige al jefe inmediato, 46 por ciento a la Procuraduría, 45 por ciento a la autoridad máxima de la entidad y 44 por ciento a la Contraloría.
Por otra parte, es destacable que la mayoría de las respuestas señala que fenómenos de influencia indebida son minoritarios.
Aun así, 24 por ciento de los altos funcionarios del Gobierno ejerce mucha o algo de presión, mientras que en el caso de los congresistas la cifra asciende a 22 por ciento y en el de los contratistas a 17 por ciento.
Más al grano todavía va la pregunta sobre ciertas prácticas venales. Por ejemplo, el pedir o recibir dinero frecuentemente, a cambio de agilizar trámites fue reconocido por apenas el 1 por ciento.
En cambio, en el 10 por ciento de los casos se reconoce favoritismo en la contratación de proveedores.
Finalmente, es notoria la contraposición con respecto a ciertas conductas.
Si en el 2010 el 26 por ciento de la vinculación de funcionarios se basó en intercambio de favores, ahora la proporción es del 14 por ciento. Y si el 41 por ciento de las designaciones hace tres años fue por cuenta de influencias políticas, en el 2012 fue el 26 por ciento. Algo similar ocurre con la escogencia de personal contratista, en donde se nota una reducción cercana a los 14 puntos ya sea por vínculos regionalistas o por influencias políticas.
Todo lo anterior da un panorama que se diferencia de las percepciones anotadas.
No solo la gran mayoría de los empleados públicos valora su labor y el aporte de sus entidades al país, sino que la prevalencia de las prácticas corruptas es menor de lo que muchas veces se piensa. Como si eso fuera poco, salta a la vista el contraste con la administración pasada, en la que algunas prácticas indeseables eran más notorias.
En resumen, el balance no es perfecto, no obstante, la tendencia es positiva, algo que debe satisfacer a los promotores de la política del Buen Gobierno.
Ricardo Ávila Pinto
Ponte al dia.
