La hora de la justicia

Si se tuviera que escoger un símbolo de la sensación de retroceso que hoy permea a Bogotá, este sería sin duda el escándalo conocido como el ‘carrusel de la contratación’. Destapado por los medios de comunicación a mediados del 2010, el entramado de multimillonarias adjudicaciones públicas reveló una descarada red de corrupción al más alto nivel en el Distrito Capital. La misma que desencadenó la caída y posterior detención del alcalde Samuel Moreno y de varios de sus allegados. Dos años y medio después, el ‘tíovivo’ sigue girando y nuevos nombres salen a la palestra.

La más reciente decisión judicial involucra al exconcejal Hipólito Moreno, del partido de ‘La U’, y al exsecretario de salud Héctor Zambrano por un contrato de ambulancias de 67.000 millones de pesos. Tanto el antiguo presidente del Cabildo como el exfuncionario, quien llegó a fungir como alcalde encargado y ser calificado como uno de los mejores del gabinete, habrían recibido abultadas comisiones, sobre las cuales se han escuchado rumores desde hace un buen tiempo.

Esta próxima imputación de cargos por parte de la Fiscalía tendría como base las declaraciones de Emilio Tapia, uno de los protagonistas del esquema fraudulento, quien señalaría también a otros concejales como Andrés Camacho, de ‘La U’, y José Juan Rodríguez, del Partido Verde. Como queda claro, son muchos los untados, más allá del color político que representan.

Los rumores sobre una avalancha de órdenes de captura contra un importante número de cabildantes no cesan y la tensión se cierne hoy sobre el Concejo. El capítulo relativo a los dirigentes locales se suma a los que se vienen escribiendo sobre los contratistas, el exsenador del Polo Democrático Iván Moreno, el excontralor distrital Miguel Ángel MoralesRussi, el exrepresentante Germán Olano, la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano Liliana Pardo, junto a otros altos funcionarios de esa entidad y el propio predecesor de Gustavo Petro.

El impacto de la amplia arquitectura de desvío de recursos no se limita a los atrasos de la troncal de TransMilenio de la Calle 26, sino que incluye contratos correspondientes a la malla vial, el servicio de ambulancias y numerosas obras públicas. Y tampoco se circunscribe a la administración de Samuel Moreno: ya se están destapando irregularidades que se habrían perpetrado antes.

Mientras más se conoce del ‘carrusel’, más confirman los capitalinos que durante largos años buena parte del Distrito fue capturado por un engranaje criminal. Prácticamente todos los estamentos políticos, desde el propio Palacio Liévano hasta los organismos de control, pasando por el Concejo, traicionaron la confianza ciudadana y saquearon las arcas bogotanas.

Como si eso fuera poco, parte de los dineros esquilmados corresponderían al paquete de obras financiadas por la polémica valorización aprobada en el 2005. No sorprende entonces que la ciudadanía rechace hoy los nuevos cobros ante lo que considera un amargo cóctel de corrupción e ineficiencia.

Y que también mire con recelo fallidos despliegues de empresas públicas como es el caso del modelo de basuras, cuyo costo total aún se desconoce. Si bien el alcalde Gustavo Petro fue uno de los denunciantes del ‘cartel’ de contratos, no ha invertido tiempo en ganarse de nuevo la confianza de sus gobernados tras una debacle de tales magnitudes.

En tanto continúen las investigaciones y los procesos judiciales por cuenta de la corrupción, Bogotá mantendrá una herida abierta. Para cerrarla, los entes de investigación deben agilizar las decisiones sobre los concejales y develar los perversos esquemas utilizados.

Los responsables del descarado asalto a la capital del país deben ser identificados y castigados ejemplarmente, ojalá en un tiempo corto. Que sigan ocupando curules o contratando con el Estado evidencia que el ‘carrusel’ no ha parado de girar. Es hora de detenerlo.