Algo huele mal
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Ha transcurrido poco más de un mes desde que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, arrancó con su política de aseo y recolección de basuras, un tema que está rápidamente pasando de ejemplo de mal gobierno a caso de investigación por los entes de control.
Lo que comenzó como producto de la falta de planeación y de la deficiente gerencia del Distrito está hoy en la mira de organismos como Procuraduría, Fiscalía, Personería y Defensoría, ante serias denuncias de irregularidades
El accidentado “revolcón” en el manejo de residuos en la capital nació con graves problemas.
Tras anunciar con bombos y platillos la llegada de una nueva “era”, el Alcalde y su equipo en el Acueducto fueron incapaces de responder a las demandas de aseo de la ciudad. Con las calles inundadas de desechos y recurriendo a anacrónicas volquetas, la administración se vio obligada a contratar con los mismos operadores privados que había calificado de “mafiosos paramilitares”.
Más de seis meses no fueron plazo suficiente para que se organizara una efectiva transición a un modelo de operación pública, que no cuajó.
Al desastre de los primeros días le siguió el sainete de la importación de camiones usados.
Sin procedimientos claros, se licitó la compra de vehículos compactadores y luego el alquiler de otros más, mientras llegaban los nuevos.
El año pasado culminó con la escena de los aparatos estacionados en un muelle en Cartagena, con latas oxidadas y hasta plantas creciendo en las carrocerías, sin haber aprobado los requisitos sanitarios.
Aun así, hasta hace pocos días la Alcaldía cobraba como éxito la llegada tardía de esos viejos camiones a Bogotá.
Esta semana, de los 50 que supuestamente debían estar en operación, solo trabajan 17. Queda como labor de los organismos de vigilancia establecer si tantos contratos no produjeron detrimento patrimonial a la ciudad y si ese desorden administrativo responde a un plan para apropiarse de cuantiosos recursos públicos.
A raíz de ese increíble grado de improvisación, Aguas de Bogotá, empresa creada por Petro como cabeza del nuevo esquema de aseo, quedó únicamente con menos de un tercio de toda la recolección, cuando la idea original era del 100 por ciento.
Lo anterior se ha traducido en despidos de personal, incumplimiento en los pagos a los operarios y compra de activos.
Mientras continúan las protestas de humildes empleados en el relleno de Doña Juana, cifras de un debate en el Concejo Distrital confirmaron que la operación de la empresa pública le cuesta más a la ciudad que la de todos los privados.
Por último, está el tema del reciclaje.
Un argumento central en la justificación del Palacio Liévano para cambiar el modelo de basuras fue la inclusión de los recicladores, en respuesta a un fallo de la Corte Constitucional.
No obstante, la atención del Distrito en las últimas semanas ha estado más concentrada en los camiones que en la población a la que supuestamente se quería beneficiar.
Tampoco se conoce mucho la estrategia para transformar los hábitos de los usuarios del servicio, con el fin de que reciclen más y lo hagan de la forma que se necesita.
Ese cambio cultural, vital en cualquier política para una urbe de más de siete millones de personas, brilla por su ausencia.
Desde una perspectiva gerencial la puesta en marcha del modelo de basuras ha sido un rotundo fracaso, por más interpretaciones que la Alcaldía quiera darle.
La transición se manejó torpemente, los vehículos no llegaron a tiempo y Petro se echó para atrás.
Además, varios de los objetivos de un cambio tan drástico siguen sin cumplirse a cabalidad: la operación pública, el reciclaje, la transparencia y el uso de contratos más equitativos.
Pero lo más grave de todo son los hallazgos que apuntarían a que la improvisación del tema no solo salió onerosa para las arcas distritales, sino que habría llenado los bolsillos de unos pocos. En esto, algo también huele mal.
Ricardo Ávila Pinto
Ponte al dia.
