Una verdad incómoda

Hasta ahora el tema se menciona en voz baja, aunque el volumen ha venido subiendo. Así quedó en claro ayer durante el seminario que regularmente organizan Anif y Fedesarrollo con el fin de tomarle el pulso a la economía y en el cual se mencionó, en más de una oportunidad, la que bien podría describirse como una verdad incómoda. Esta tiene que ver con que el próximo gobierno –sea quien sea su titular– tendrá que presentarle un proyecto de reforma tributaria al Congreso que inicie su labor en julio del 2014.

La razón de que así sea no tiene que ver con motivaciones ideológicas, sino con el comportamiento de las cifras fiscales. Una mirada a las cuentas públicas revela que el sector central tiene obligaciones crecientes, mientras que los ingresos muestran una tendencia a disminuir. En consecuencia, y a menos que se quiera que el saldo en rojo aumente –algo limitado por el marco legal vigente–, será inevitable reforzar los recaudos.

Tales cálculos no toman en cuenta la eventualidad de que se firme un acuerdo de paz con las Farc, el cual vendría con compromisos de mayores erogaciones. De tal manera, aun con el escenario actual, todas las proyecciones apuntan a nuevos impuestos, si no se le quiere hacer un recorte extremo a la inversión estatal.

Las causas de que así sea son variadas. Como lo dejó en claro la reciente discusión del presupuesto nacional, las presiones alrededor de mayores gastos persisten. En la presente ocasión, y ante la necesidad de darle más dinero al sector agropecuario, la decisión fue la de posponer por un año el desmonte del gravamen a las transacciones financieras, que pasaría del cuatro al dos por mil en enero del 2015, lo que genera unos tres billones de pesos adicionales.

A esto hay que agregarle la expiración del impuesto al patrimonio, que en su momento fue extendido de manera temporal y aporta una suma ligeramente menor. Como si eso fuera poco, hay dudas sobre el efecto neutro de la reforma aprobada en el Capitolio en diciembre pasado, pues quienes saben de estas cosas consideran que tributos nuevos como el Iman y el Cree ampliarán el faltante.

Lo anterior para no hablar de la incertidumbre en torno a Ecopetrol. La empresa de mayoría estatal no solo es la que más paga por concepto de impuesto de renta, sino que los dividendos que le genera a la Nación son definitivos para que haya tranquilidad en el frente fiscal. Dada la volatilidad en el precio del petróleo, la posibilidad de utilidades sustancialmente más altas que las actuales es cuestionable.

En consecuencia, hay que comenzar a pensar en la manera de incrementar los recaudos. Aunque el asunto es antipático, y más en plena época electoral, cualquier candidato responsable debería entender que esa es una realidad inescapable, por lo cual no vale hacer compromisos que tendrían que desconocerse ante la tozudez de las cifras.

Aparte de lo anterior, hay que aceptar que a pesar de las quejas que se escuchan, los colombianos pagan mucho menos impuestos que sus congéneres de América Latina y cerca de la mitad de lo que tributan los ciudadanos de los países que integran la Ocde, a la cual queremos entrar con tanto anhelo. Para decirlo con claridad, cualquier esperanza de tener una sociedad más próspera e igualitaria pasa por hacer un esfuerzo mayor en esta materia.

De tal manera que la discusión debería ser no sobre lo inevitable, sino acerca de la manera de distribuir bien las cargas. En tal sentido, temas espinosos como el nivel del IVA, las exenciones o la necesidad de gravar los dividendos deberían ser estudiados con tiempo. De lo contrario, podría darse el caso de tener que tomar correctivos sobre la marcha, con la posibilidad de hacer todavía más complejo el sistema vigente, cuando lo que se necesita es un esfuerzo de claridad y simplificación, aparte del requisito de conseguir más plata.