Llegó la hora de la verdad

Hay verdades incómodas que nadie quiere confesar. Eso es lo que le sucede al Estado colombiano que, desde hace años, viene incrementando el número de personas que trabajan para él, sin que aparezcan en las estadísticas oficiales.

Es lo que se conoce como las nóminas paralelas, que existen tanto en el Gobierno Central, como en gobernaciones, alcaldías e institutos descentralizados. 

El tema es de tal magnitud que, según un reporte del Ministerio del Trabajo realizado con información parcial, por cada 100 empleados de planta a nivel nacional hay 132 vinculados por prestación de servicios, mientras que en el caso de los entes territoriales la proporción sube a 216.

En números concretos los cargos de ese primer conteo, ascienden a 93.094 en ambas instancias, pero el de contratistas fue 159.942 en el 2011, en tanto que la proyección para el presente año es de 135.519. ¿Cómo se llegó a semejante situación?

Quienes saben del tema argumentan que la crisis económica que vivió el país a finales del siglo pasado llevó a la congelación de la nómina en las entidades públicas. En ese momento el mensaje fue que la austeridad era obligatoria y por lo tanto se volvió imperativo controlar el aumento de la burocracia.

La camisa de fuerza le fue impuesta a alcaldías y gobernaciones con la expedición de la Ley 617 de 2000, que hizo muy difícil cualquier posibilidad de aumentar el personal vinculado.

Por tal motivo, en todos los niveles la salida fue la conocida orden de prestación de servicios.

Dicho mecanismo no tiene nada malo, si se trata de labores excepcionales de carácter puntual. El problema es que en innumerables oficinas se convirtió en la manera de operar.

Así lo denunció el Alcalde de Cali la semana pasada, cuando dijo que en la capital del Valle existe un número similar de contratistas a los 1.976 empleados en nómina.

Hay casos extremos como el de la autoridad ambiental del municipio, que tiene sólo un director y un par de auxiliares en planta, pero que el año pasado suscribió 215 contratos de este tipo.

Aparte de que el uso de esa figura impide adelantar una política de recursos humanos, el abuso del mecanismo tiene inconvenientes. Para comenzar, se presta al pago de cuotas políticas por debajo del radar de los organismos de control. Adicionalmente, es una limitante para la profesionalización de la administración pública e impide el desarrollo de la memoria institucional. Pero todo indica que esas épocas están próximas a terminar. Así se desprende de una sentencia emitida por la Corte Constitucional en el 2009, la cual recordó que el contrato de prestación de servicios es una modalidad “de tipo excepcional”.

Con base en dicho pronunciamiento, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública han comenzado a solicitar información, cuyo plazo final de entrega es el viernes de esta semana.

A juzgar por lo que se sabe hasta ahora, los datos finales van a generar mucho impacto. Pero aparte de que más de uno se desgarre las vestiduras, es indudable que hay que saber la verdad, para hacer un análisis del tamaño de las nóminas oficiales y el costo de formalizar a miles de personas que hoy están por contrato y deberían recibir los beneficios de ley, tanto con respecto a vacaciones como acceso a la seguridad social.

No obstante, existen algunos obstáculos importantes. Uno es el costo en dinero, pues este puede subir un 30 por ciento o más por el cambio de sistema de contratación.

Otro, la imagen, pues en las cifras va a aparecer un salto en la burocracia que dará para críticas de todos los sectores.

Y un obstáculo de marca mayor es dejar que los entes territoriales reajusten su planta, sin que ello se preste a abusos.

Pero aun así, es hora de conocer la realidad, para que las irregularidades actuales empiecen a ser corregidas cuanto antes.