El fin de la luna de miel

A diferencia de lo ocurrido en el 2010 y el 2011, la agenda legislativa que forma parte del trabajo del Congreso para las sesiones que arrancaron el viernes pasado, no luce muy ambiciosa en cantidad de iniciativas.

Aunque hay proyectos nuevos, los verdaderamente importantes se cuentan con los dedos de una mano, incluyendo algunos que hicieron tránsito en el anterior periodo, con mayores o más tímidos avances, según el caso.

Los únicos dos textos con verdadera trascendencia, entre los anunciados por el Ejecutivo, son la reforma tributaria, y el acto legislativo que redefine el fuero militar y la justicia penal para el casi medio millón de hombres y mujeres uniformados.

La tributaria lleva meses de trabajo y preparación en el Ministerio de Hacienda y la Dian.

Es de esperar que el texto se conozca pronto, aunque su análisis será complejo, pues incluiría cerca de 900 artículos.

Dada su trascendencia, es claro que el asunto merecerá más de un comentario, pero únicamente hasta cuando hayan sido divulgados sus alcances.

En cuanto a la reforma al fuero militar, este es un tema en el que el Ejecutivo ha dado bandazos. Cuando el Gobierno presentó el año pasado su proyecto de modificar la Constitución en temas de Justicia, a última hora y como iniciativa del Ministro de Defensa, incluyó un artículo que buscaba salvar la figura mencionada.

En opinión de algunos expertos, el mecanismo había prácticamente desaparecido del ordenamiento jurídico por cuenta de una serie de fallos y jurisprudencias de los altos tribunales.

Aunque lucía inconveniente incluirlo de ese modo, el tema era importante, ya que en cualquier país del mundo resulta fundamental que exista un fuero judicial para los uniformados, por la complejidad que exige la evaluación de eventuales conductas punibles en actos del servicio. Después de un prolongado pulso al que no fueron ajenas las bancadas que integran la Unidad Nacional, se logró un acuerdo que determinó sacar el tema de la reforma a la Justicia, pero presentarlo por aparte, como otra iniciativa constitucional, como en efecto lo hizo el Mindefensa el viernes pasado.

Entre los proyectos que ya avanzaron en las pasadas sesiones, pero que aún están pendientes de aprobación, se destacan, además de la controvertida reforma a la Justicia, la ley que autoriza la venta de acciones de Ecopetrol, el nuevo régimen departamental, y pocos más. La esperada modificación a las pensiones sólo asomará para las sesiones que arrancan el 20 de julio.

La relativa timidez del Gobierno se explica no sólo en que hay temas complicados como los mencionados, sino a que el Presidente y sus ministros son conscientes de que la luna de miel con las bancadas cercanas a la Casa de Nariño ya tocó su fin.

No es que la Unidad Nacional se haya roto, ni que se esté inclinando por hacerle oposición al Ejecutivo. Para nada.

Pero sí es indudable que hay tensiones y desgaste.

Por un lado, está la agria disputa entre el expresidente Álvaro Uribe –quien cuenta con amigos en el Capitolio– y su sucesor. Por otro, roces entre ministros y líderes de las cámaras. Finalmente, la insatisfacción de algunos sectores del Parlamento por cuestiones burocráticas es evidente.

La razón no tiene nada de novedosa en la política colombiana: tener contento al 90 por ciento de los congresistas, algunos de ellos con insaciables apetitos a la hora de los nombramientos de sus recomendados, es imposible para cualquier Gobierno.

El año pasado, los rebeldes eran escasos pues, ante las necesidades que demandaba la campaña para las elecciones regionales, nadie quería quedarse por fuera de la foto, como se dice popularmente.

Pero ahora, sin una cita con las urnas en el horizonte, la cuestión no es tan sencilla.

De tal manera, la administración en pleno, desde el presidente Santos hacia abajo, tendrá que fajarse mucho más que en el pasado, para sacar adelante sus iniciativas. Eso no quiere decir que salir adelante sea imposible, sino que la aplanadora gobiernista puede tener problemas a la hora de funcionar.