La meta del millón
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Cuando en su discurso de posesión, el pasado 7 de agosto, Juan Manuel Santos sostuvo que bajo su Gobierno se edificarían un millón de viviendas, la promesa fue recibida con una buena dosis de escepticismo.
Al fin de cuentas, no es nuevo que un mandatario que viste por primera vez la banda tricolor les ofrezca un techo digno a sus conciudadanos, comenzando por los más pobres.
El problema es que, para llegar al objetivo citado, es necesario lograr niveles nunca antes vistos.
En términos prácticos, se trata de construir 80 por ciento más casas y apartamentos que en el último cuatrienio de Álvaro Uribe.
Ese propósito, contenido en el Plan de Desarrollo, comprende inversiones por 78,5 billones de pesos, de los cuales los aportes de la Nación ascienden a unos 10,5 billones, concentrados en subsidios para las familias de menores ingresos.
No obstante, ese no es el principal cuello de botella. Quienes saben del tema señalan que la gran dificultad para avanzar en el área es la falta de tierra urbanizable, pues son necesarias 7.000 hectáreas para alojar las nuevas unidades. Dicho requerimiento choca con limitantes como los altos precios del suelo o las normas que restringen su uso.
Ante las dificultades encontradas, la administración pasada impulsó el esquema de los macroproyectos, que no son otra cosa que iniciativas de gran escala para promover la vivienda de interés social.
Bajo este modelo se logra la edificación de decenas de miles de unidades a costos más competitivos que en emprendimientos de menor tamaño y con el respeto a una serie de normas que incluyen la adecuada provisión de vías o espacios verdes, para sólo mencionar algunos.
El inconveniente es que la Corte Constitucional declaró inexequible el Artículo 79 de la Ley 1151 del 2007, que creó la figura mencionada, al considerar que había desconocido la competencia de los concejos municipales.
No obstante, el alto tribunal permitió que siguieran adelante las diez iniciativas aprobadas hasta que se conoció el fallo y las 21 que habían comenzado su trámite.
En total, estas comprenden 330.000 viviendas de interés prioritario (con un valor individual inferior a 37 millones de pesos), que ya empezaron a ser desarrolladas.
A pesar de esa rendija, era necesario suplir el vacío y tomar medidas complementarias. Eso fue lo que sucedió con la Ley 1469 del 2011, que fue sancionada hace un par de días por el presidente Santos en un área de Soacha en la que empezará la construcción de 42.000 unidades.
Ahora, para los especialistas, quedan en su lugar tanto los mecanismos que permiten que haya no sólo una mayor oferta de casas y apartamentos, sino que la demanda responda. Un ejemplo típico es la facultad para que exista el arrendamiento con opción de compra, que les permitiría a decenas de familias convertirse en propietarias al cabo de un tiempo de pagar una mensualidad.
El avance en este campo ayuda a que la locomotora de la vivienda avance todavía más rápido. Sin desconocer las críticas que existen en otros ramos, en este el arranque ha sido auspicioso.
En el 2010, frente a un objetivo de 143.000 unidades iniciadas, se comenzaron 175.000. El presente año los datos de licencias muestran que se están logrando nuevos máximos históricos, algo que debe traducirse en que el ritmo de las obras se acelere en unos meses, con lo cual se superaría la meta de hacer 197.000 unidades.
Según los cálculos del Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda, la tierra que se necesita debería conseguirse con la mezcla de macroproyectos, planes de ordenamiento territorial y esfuerzos de renovación urbana.
Sin embargo, para los más pobres era fundamental la primera estrategia, cuyo camino ha empezado a despejarse. Falta, por supuesto, que los alcaldes pongan de su parte y que todos los engranajes de la maquinaria se muevan, pero el optimismo en el sector es grande ante el convencimiento de que llegar al millón de viviendas es factible.
Ponte al dia.
